En poco tiempo hubo dos noticias que pasaron inadvertidas por muchos, aunque fueron bien recibidas por las empresas mineras y los gobiernos, a pesar de tener origen distinto y ninguna relación entre sí: la Corte Suprema de Justicia argentina rechazó entender en un planteo que hizo un ciudadano riojano al considerar que el proyecto jachallero Gualcamayo estaba contaminando los ríos de esa provincia. Y el máximo tribunal chileno desestimó el planteo de un abogado en representación de comunidades indígenas de ese país, que habían pedido el cese definitivo del proyecto binacional Pascua-Lama. Hubo festejos en ambos proyectos, y también entre las autoridades políticas locales, aunque en los dos sectores saben que no alcanza, ya que los verdaderos problemas están en el mercado mundial y los vaivenes nacionales. En el caso de la multinacional Barrick, lo que se haga después de estas decisiones judiciales está en análisis. Todo indica que la continuidad del proyecto no está en juego, aunque al profundizar sobre el "cómo seguirán", la respuesta empieza a dar noticias. Para los sanjuaninos en particular hay otro ingrediente a esta ensalada minera: las elecciones legislativas. Parece que los candidatos se quieren tomar de esta actividad para ganar votos. Algunos mienten, otros se equivocan y los peores exageran.

En Chile

La Corte Suprema chilena, en un fallo unánime, desestimó la solicitud de comunidades diaguitas quienes señalaron que las medidas impuestas por el tribunal de Copiapó fueron insuficientes para cuidar sus garantías constitucionales. El diario chileno La Tercera reproduce parte del fallo que es categórico: "Resulta que las medidas decretadas por la Corte de Apelaciones de Copiapó son como suficientes para proteger las garantías constitucionales que se denuncian vulneradas, puesto que según se expuso en el considerando segundo- se ha ordenado paralizar las faenas del proyecto Pascua-Lama hasta que se cumpla previamente con la construcción de todas las obras destinadas a dar protección al recurso hídrico, asimismo se ordena dar cabal cumplimiento al Plan de Monitoreo contemplado en la respectiva Resolución de Calificación Ambiental y se establece además un sistema de fiscalización del cumplimiento de las medidas. Este conjunto de providencias permite asegurar -en el intertanto- de manera efectiva los derechos de los recurrentes, dando pleno cumplimiento al objetivo buscado por el Constituyente+, afirma la resolución judicial. Una vez reproducida la noticia por los medios sanjuaninos -incluido éste- hubo varias opiniones de lectores respecto a la interpretación del fallo. Y es que en la misma resolución, la Corte chilena confirma la decisión del tribunal de Copiapó sobre la paralización del proyecto del lado chileno, hasta tanto se realicen las obras que la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile había ordenado a la minera canadiense y en las que la empresa ya está trabajando. Se tomó en San Juan como una buena noticia, porque lo que estaba en juego no son las obras que ya la empresa ha reconocido que debe hacer. Estaba en juego la revocación de la Calificación Ambiental, y si la justicia de Chile daba curso al pedido de la comunidad diaguita, el proyecto se iba al tacho, literalmente. Para pasar en limpio: la minera debe hacer obras para seguir y todavía está en juego su continuidad, porque sigue sujeta a que las autoridades chilenas rechacen lo hecho, pero el proyecto sigue, al menos desde el punto de vista legal. Claro, ahora le toca a Barrick jugar. Por estos días la compañía está analizando los números y se estima que antes que termine el año habrá un panorama más claro. Algunos analistas dicen que para esa fecha el mercado minero mundial habrá aclarado un poco y ruegan que la empresa tenga la paciencia suficiente y la capacidad de cálculo necesaria como para no cometer una locura. El viernes la compañía envió un comunicado allanándose al fallo de la Corte chilena, despejando un poco más las dudas.

En Argentina

Un ciudadano de la provincia de La Rioja denunció ante la Corte Suprema Argentina, que cualquier inconveniente en la mina Gualcamayo, ubicada en Jáchal, podría impactar en el río Bermejo-Desaguadero, que atraviesa las provincias de La Rioja, San Luis, Mendoza y La Pampa. El proyecto de Yamana Gold está sobre el río Gualcamayo-Los Piojos que, a su vez, aporta agua a la cuenca denunciada por el vecino riojano. El planteo se hizo en la Corte, donde deben dirimirse litigios entre provincias. Pero para el máximo tribunal argentino "el mentado carácter interjurisdiccional del recurso afectado no resulta manifiesto", y rechazó el planteo. En criollo, cualquier planteo ambiental deberá esclarecerse en los tribunales sanjuaninos. Para el Gobierno el tema implicó una victoria, ya que sin mencionarlo, entienden que son los jueces locales los que conocen y tienen a mano la mayor cantidad de información respecto de los inconvenientes generados con la actividad. No lo van a admitir jamás en el Gobierno local, pero temían que en la decisión de los integrantes de la Suprema Corte se colara algún componente ideológico. La Suprema Corte tiene otros cuatro planteos, y se cree que de a poco irán corriendo la misma suerte que el del riojano.

Las elecciones


"Hoy Pachón está suspendido, Pascua-Lama está suspendido", dijo el candidato a diputado nacional por Compromiso Federal, Eduardo Cáceres hace unos días. El periodista preguntó: "¿En Lama no están trabajando tampoco?". "No", dijo el político. Error. Efectivamente en Pascua, lado chileno del gigante binacional, están frenados por decisión judicial, pero del lado argentino se sigue trabajando. Con mucha menos gente y sin apurarse, pero siguen. "Por cada dólar que genera la minería, el 76 por ciento se lo lleva el Estado y de ese 76 por ciento, solamente el 10 por ciento regresa a las provincias. Y ese 10 por ciento se distribuye entre provincias mineras y no mineras", amplió el dirigente del Pro. Ninguno de los referentes de la minería sanjuanina, amigos o enemigos del Gobierno provincial quiso reafirmar esos datos. ¿De dónde los sacó Cáceres? De un estudio que se hizo en Buenos Aires, según relató el hombre de amarillo en la misma entrevista.

Sin ir más lejos, ayer el candidato a diputado nacional de la UCR Hugo Domínguez, también se refirió a la actividad: "Hay 6.000 personas que se van a quedar sin trabajo por el parate minero". Como con Cáceres, tampoco nadie quiso salir a retrucar ni reafirmar la cifra. Aunque fuese así, ¿le sirve de algo salir a sembrar ese miedo? No, para nada. Acto seguido Domínguez reafirma su propuesta pro minera, aunque a la vez se acuerda de su correligionario Julio Cobos, el mismo que cuando fue gobernador de Mendoza prohibió la explotación minera a cielo abierto. ¿Contradictorio?

En fin, la actividad que mueve a los sanjuaninos no está pasando por un buen momento desde hace rato. Los logros judiciales son sólo eso, y hay que tomarlos en la dimensión justa. No implican un "renacimiento" como interpretaron algunos referentes del oficialismo esta semana. Por ahora, y a pesar de los palos en la rueda, la minería en San Juan sigue haciendo punta si se compara este distrito con otros del país. Ojalá se use poco en estas elecciones.