Mujeres formoseñas denuncian que les implantan chips anticonceptivos sin su consentimiento. La noticia trascendió debido a la investigación llevada a cabo por el equipo de Telenoche. De confirmarse estos hechos, estaríamos frente a una práctica ilegal que violenta el derecho de las mujeres a decidir libremente el número de embarazos y el intervalo entre los nacimientos (Ley Nº 26485, art.6º, inciso d). Y configuraría también, un claro caso de violencia obstétrica ejercida sobre el cuerpo de las mujeres y sus procesos reproductivos (Ley Nº 26485, art. 6º inciso e).

Debemos recordar que la anticoncepción forzada es una práctica efectuada sin el consentimiento de la mujer, ni justificación médica o clínica alguna. Es una grave manipulación del cuerpo de la mujer y una violación de su autonomía. Ya no podría elegir los hijos que desea tener, pues alguien decidió por ella: el Estado y los efectores de salud intervinientes. 

El consentimiento informado se convierte así en un límite a los servicios de planificación familiar, para evitar que el Estado o terceros, acometan injerencias arbitrarias y abusivas de la privacidad y libertad de las mujeres. Además de constituir un derecho personalísimo, privado e intransferible vinculado a la disposición del propio cuerpo en las relaciones clínicas. Así lo dispone el art. 6¦ del Decreto Reglamentario de la Ley 25673 de Salud Sexual y Procreación Responsable. 

Bioéticamente, constituye una práctica contraria al Principio de Autonomía que promueve el derecho de toda persona de actuar por propia determinación y tomar así decisiones libres sobre su salud. Nada de esto sucede en la anticoncepción forzosa, donde el cuerpo de las mujeres se convierte en objeto de políticas públicas diseñadas de espaldas a su cultura, creencias y valores. Algo que también exige el art. 6¦ del citado Reglamento. De constatarse estas violaciones a los derechos de las mujeres, no sólo estaríamos ante un ilícito sino también frente a un retroceso en el paradigma de la relación médico paciente. De alguna manera volveríamos al paternalismo médico que tanto nos ha costado superar. Mientras que, por parte del Estado renunciaría a su misión fundamental que es gestionar el bien común, atendiendo especialmente a los más débiles: "Esta tarea no debe ser realizada por los gobernantes en forma violenta ni demagógica'' (Brardinelli/Galán "Manual de Doctrina Social de la Iglesia'', pág. 125, ed. Guadalupe, 2006).

Pero hay algo que agrega mayor ignominia aún: la razón eugenésica que la anima (Francis Galton acuñaba el término "eugenesia'' en 1883, para designar prácticas orientadas a aumentar la calidad genética de la especie humana). Aclarado esto, entenderemos que la anticoncepción no voluntaria podría formar parte de programas de control de la natalidad que procuran limitar la reproducción de un segmento de la población en razón de su raza, etnia o religión. En síntesis: la anticoncepción forzosa sería el resultado de la discriminación, prejuicio y vulnerabilidad que afectan a estos grupos.

Esta manipulación del cuerpo de una mujer contra su voluntad, es una transgresión a derechos humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la salud. Derecho protegido por tratados internacionales con jerarquía constitucional como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 7), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer-CEDAW (Artículos 10h, 12, 16e y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (La mujer y la salud, párrafo 94).

La práctica no es nueva. Hay antecedentes en poblaciones indígenas en Perú y México. Sólo a título ejemplificativo recordemos las recomendaciones (2016) que tuvo que emitir La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ante los casos en lo que se forzó a mujeres pobres a implantarse un dispositivo intrauterino (DIU). Son elocuentes las palabras de la abogada Martha Figueroa Mier del grupo de mujeres San Cristóbal de Las Casas, México: "A las mujeres indígenas se les aplica la anticoncepción forzada con la idea de que sí los pobres dejan de reproducirse, el país saldrá más fácil de la pobreza''. El mundo al revés. En vez de pensar como agregamos equitativamente alimentos a la mesa, pensamos en cómo eliminar comensales. Algo para reflexionar. 

Por Miryan Andújar
Abogada, docente e investigadora
Instituto de Bioética de la UCCuyo