Donde hay más de una persona generalmente hay puntos de vista distintos sobre una misma cuestión. Ocurre en las empresas y también en los gobiernos. Lo importante es saber liderar para que quien "pierda" en la discusión siga con las mismas ganas que traía hasta el momento de la definición. En un cargo ejecutivo, esas cosas ocurren con frecuencia. Hay que decidir, hay que jugarse por una opción y hay que saber diferenciar los buenos consejos de los interesados. Al gobernador José Luis Gioja se le abrieron dos "corrientes de pensamiento" por un mismo tema: el Tribunal de Cuentas; y más precisamente sobre su presidente, Isaac Abecasis. Es que el funcionario ha incurrido en faltas formales en el balance de su propia administración. No se habla de fraude dinerario, se habla de errores. Lo paradójico es que esos errores son cometidos por alguien cuyo trabajo es, justamente, cuidar que el resto de la administración pública no cometa esas mismas faltas, o cualquier otra. La Legislatura lo tiene en la mira y con un arma nunca antes usada, la de multar con plata. Pero también puede no hacerlo, y volver a pedirle que solucione esos problemas. La cuestión es que hay funcionarios que votan por acribillar a Abecasis y otros que prefieren ser benévolos. Los primeros en una especie de "reprimenda" por lo que consideran una serie de cuestionamientos innecesarios del Tribunal hacia algunas oficinas públicas. A los segundos no los mueve la bondad o el encubrimiento, argumentan que imponer una sanción ejemplificadora los dejaría mal parados ante la sociedad, "la gente va a pensar que nos estamos vengando del tipo que nos controla", dicen. Ambas posturas tienen algo de cierto, y ambas tienen tufillo a "intereses particulares". Para peor, el pobre de Abecasis está envuelto en una interna que hasta el momento -y parece que no lo logrará jamás- pudo resolver. Define Gioja. Como se leyó más arriba, ninguna de las posturas prioriza lo correcto legalmente hablando, y la definición está pegada a conveniencias políticas.

La historia es más o menos así: Abecasis aún no ha presentado la rendición de sus cuentas del ejercicio 2008, que tenía errores formales, y se ha sobrepasado del plazo que le fijó la Legislatura para presentar esas modificaciones. Esa falta de cumplimiento les entrega en bandeja a los Diputados el permiso para multar con plata al funcionario. Según dijeron en el edificio de Las Heras y Libertador, el monto podría llegar a los 35 mil pesos y los debería afrontar él de su patrimonio, no el Tribunal. Incluso en esto hay una paradoja: son muy pocos o ninguno los funcionarios políticos de cualquier poder del Estado que ha pagado una multa en plata por errores en sus cuentas. No vaya a ser que el propio presidente sea quién engrose la lista.

Más allá de la multa o no, hay que explicar que Abecasis ha tenido hasta no hace mucho tiempo varios encontronazos con funcionarios políticos. El primero, y tal vez el más fuerte, ocurrió allá por 2007 cuando rechazó los ejercicios presentados por la entonces Secretaría de Minería de la provincia. Abecasis objetó que la liquidación de regalías debía hacerse sobre el total del material que se extrae de la montaña, y no sobre el oro que se vendía, como era hasta ese momento. La cuestión hizo mucho ruido en su momento, porque el funcionario puso el ojo en el medio de la tormenta, justo en la matriz productiva giojista y, para mayor precisión, en una de las críticas más repetidas: el derrame económico. El Gobierno se bancó la protesta y, años más tarde, modificó el esquema de liquidación de regalías, ganando un 30%. Ese antecedente le dio a Abecasis algo de credibilidad ante la opinión pública. No importa si tenía razón o no, el efecto político es lo que se está midiendo en estos momentos.

Hay dos sectores bien definidos: uno encabezado por el legislador oficialista Javier Ruiz quién propone que la Legislatura avance sobre el tema y sancione a Abecasis. El otro sector no tiene conductor claro y varios se anotan, aunque ninguno lo hace micrófono en mano, por el costo político que acarrea esa postura. Algunos lo señalan al presidente del bloque oficialista, Pablo García Nieto, quién pone reparos a una sanción económica, atento a los efectos políticos y a que, según trascendió, sólo se han cometido errores formales, sin sospechas de mal manejo de fondos ni nada que se le parezca.

Habrá que ver quién gana esta pulseada. Si bien la Cámara de Diputados goza de independencia para realizar esta maniobra, lo que haga el oficialismo en cualquier oficina del estado es materia que le compete al Gobernador, no en lo legal, pero sí en lo político. Nadie le ha llevado el problema todavía, pero se esperan algunas reuniones en la semana que comienza. O, como el dogma giojista reza, al publicarse estos temas es probable también que nada ocurra, ni ahora ni en la eternidad. Lo que por decantación, también daría un ganador. Y ojo porque si es el que parece, el segundo de los nombrados, sería la segunda victoria acumulada en muy poco tiempo.