La presentación conjunta ante la justicia riojana solicita la suspensión provisoria de la medida cautelar que restringe el acceso al yacimiento. Esperan una resolución en el corto plazo para reanudar la circulación por el camino.
La Rioja y Vicuña entablaron un acuerdo.
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Tras la disputa judicial, las autoridades de La Rioja y representantes de la empresa minera que operan Vicuña arribaron a un acuerdo que inicia con el pedido de solicitar la suspensión provisoria de la medida cautelar que pesa en la ruta hacia el proyecto minero en pos de avanzar en compromisos ambientales, laborales y de infraestructura.
Sin embargo, el escenario derivó rápidamente hacia una salida negociada. El fiscal de Estado, Emilio Rodríguez, confirmó la presentación conjunta en declaraciones a FM Frontera 97.7, tras radicar el pedido ante la Cámara en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II Circunscripción Judicial con sede en Chilecito.
"Hemos presentado de forma conjunta con la representante legal de la empresa Vicuña, Karina Viñas, una solicitud a la jueza Decker donde se pide la suspensión de los plazos y los efectos jurídicos de la resolución que restringía el paso hacia la explotación del yacimiento minero, que atraviesa 140 kilómetros de territorio riojano", explicó el funcionario.
Rodríguez reconoció que el fallo de la magistrada contiene argumentos jurídicos sólidos, respaldados en el artículo 41 de la Constitución Nacional —que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a un ambiente sano y obliga al Estado a preservarlo— y en el artículo 86 de la Constitución provincial. "Hoy se dio un paso importante, fruto del diálogo institucional que inició el gobernador Ricardo Quintela con los representantes de la empresa. Espero que la jueza se expida lo más pronto posible", señaló.
El fiscal subrayó que la restricción policial seguirá vigente hasta tanto la jueza resuelva el pedido de suspensión, y que las conversaciones con la empresa continúan con el objetivo de alcanzar una solución definitiva que sea conveniente para todas las partes.
Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, detalló a Radio La Red los compromisos que la provincia de La Rioja exige como condición para avanzar. "El objetivo es prorrogar los plazos para garantizar lo que está pidiendo la provincia a través de los ministerios de Medio Ambiente e Industria", explicó el funcionario.
Entre los puntos que el Ejecutivo de la vecina provincia considera innegociables se destacan tres ejes centrales. El primero es la contratación de personal riojano, una demanda que, según Herrera, la empresa ha recibido de manera positiva. El segundo es la prioridad para proveedores locales: se exige que comerciantes y empresarios del Valle del Bermejo tengan participación prioritaria en la cadena de suministros del proyecto. El tercero refiere al impacto social: dado que el 80% del camino al yacimiento transcurre por territorio riojano, la provincia reclama ser un partícipe necesario de los beneficios que genere la actividad minera.
La medida judicial que motivó este pedido fue dictada días atrás por la jueza chileciteña María Greta Decker, quien restringió el uso del camino riojano hacia el proyecto minero. tras una medida autosatisfactiva impulsada por el propio Gobierno riojano. En aquella instancia, la Fiscalía de Estado de La Rioja había exigido la presentación de una Evaluación de Impacto Ambiental y el cumplimiento de acuerdos previos vinculados al uso de la red vial provincial. La magistrada sostuvo la medida por un plazo de 30 días, con una férrea defensa del principio de prevención en materia ambiental, y ordenó a la Policía cortar el tránsito de inmediato.
La decisión judicial además de repercutir en la empresa también se sintió en la localidad de Guandacol donde por varios días, vecinos que dependen de manera directa indirecta de la minería convocaron a diversas acciones para reclamar por la reapertura del paso, llegando incluso tomar medidas de fuerza como cortes en la ruta 40. Finalmente, la semana pasada cuando se dio a conocer y anuncio del acuerdo entre el gobierno y la empresa se dictó un alto al corte a la expectativa de normalizar la actividad en la zona.