Una denuncia penal puso bajo la lupa los créditos de Mercado Pago y Mercado Crédito. El planteo llegó a la Justicia, hubo protestas frente a la empresa y ahora reclaman suspender los cobros mientras se investiga el caso.
Mercado Libre bajo la lupa por tasas altas y una denuncia por usura.
Foto:
Mercado Libre quedó en el centro de una creciente polémica por el costo de los préstamos que ofrece a través de su ecosistema financiero. En poco más de una semana hubo una denuncia penal por presunta usura, una ampliación de esa presentación para solicitar la suspensión de los cobros y una protesta frente a las oficinas de la compañía, mientras el debate se extendió al Gobierno y al sector fintech.
El punto que concentra las críticas es una cifra que aparece en las condiciones de determinados créditos: el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) puede alcanzar un máximo de 1.375,94%, de acuerdo con documentación incorporada a la denuncia y con las tasas relevadas durante agosto. Sin embargo, el dato requiere una precisión fundamental: se trata del máximo de un rango y no significa que todos los clientes de Mercado Pago paguen esa tasa ni que quien pide un préstamo deba devolver automáticamente 13 veces el capital recibido.
La Justicia deberá determinar ahora si las condiciones cuestionadas constituyen el delito de usura. Hasta el momento no existe una resolución judicial que haya declarado ilegales las tasas ni que haya ordenado suspender los préstamos o sus cobranzas.
El conflicto judicial comenzó con una presentación del dirigente del Partido Obrero y exlegislador porteño Gabriel Solano, quien denunció penalmente las condiciones de determinados préstamos ofrecidos mediante Mercado Pago y Mercado Crédito.
La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°53, con intervención de la Fiscalía N°60. La presentación busca que se investigue a las personas responsables de haber definido, autorizado o consentido la política de tasas de la compañía. Según información sobre el escrito judicial, no se trata simplemente de imputar automáticamente a Mercado Libre como persona jurídica, sino de establecer quiénes tuvieron intervención concreta en esas decisiones.
Solano encuadró su denuncia en el artículo 175 bis del Código Penal, que castiga la usura cuando alguien, aprovechándose de la necesidad, ligereza o inexperiencia de otra persona, obtiene intereses o ventajas económicas "evidentemente desproporcionadas". La norma prevé penas de uno a tres años de prisión y eleva ese rango a entre tres y seis años cuando se trata de un prestamista usurario profesional o habitual.
Esto también introduce una diferencia jurídica importante: una tasa muy alta, por sí sola, no determina automáticamente que exista usura penal. Para que se configure ese delito, deberán acreditarse además los restantes elementos contemplados por la ley, entre ellos el aprovechamiento de la situación de quien tomó el crédito.
Según la documentación incorporada al expediente, un relevamiento realizado el 10 de agosto sobre las condiciones publicadas para líneas de consumo y préstamos personales de Mercado Pago mostraba los siguientes rangos:
La amplitud es considerable porque Mercado Pago establece condiciones diferentes según el perfil de riesgo crediticio de cada usuario.
La propia empresa explicó que quienes tienen antecedentes favorables y buen comportamiento de pago acceden a mejores condiciones. Para un cliente del que todavía posee poca información, en cambio, puede ofrecer inicialmente montos pequeños con tasas mayores y luego reducirlas si construye un historial positivo.
Los términos oficiales de Mercado Pago también establecen que antes de aceptar cada préstamo el usuario debe acceder a sus condiciones particulares, donde se especifican la TNA, la TEA, el CFTEA, la cantidad y valor de las cuotas y el régimen de devolución. Los intereses compensatorios están alcanzados además por IVA.
Este es uno de los aspectos centrales para interpretar correctamente la controversia.
El Costo Financiero Total incluye no solamente la tasa de interés, sino también impuestos, cargos y otros costos vinculados a la financiación, y luego los expresa en términos anuales. En créditos de plazos cortos, esa anualización puede producir porcentajes extraordinariamente elevados.
Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, explicó que eso no significa que ese porcentaje se aplique directamente sobre el capital durante la duración real del crédito. Aun así, remarcó que el CFTEA es un dato clave porque permite medir y comparar cuánto cuesta verdaderamente financiarse.
Por eso, para evaluar un préstamo no alcanza con mirar únicamente la TNA: también deben observarse el CFTEA, el monto recibido, cuánto deberá devolverse en total, la cantidad de cuotas y el plazo.
La denuncia tuvo un segundo capítulo el 19 de agosto. Solano amplió su presentación y solicitó una medida cautelar para que Mercado Pago y Mercado Crédito dejen provisoriamente de cobrar los préstamos involucrados mientras se investiga la cuestión de fondo.
El dirigente argumentó que permitir que continúen los pagos podría prolongar la conducta que considera ilícita. También planteó que, si la Justicia concluyera que hubo intereses indebidos, debería analizarse una eventual reliquidación de las deudas.
Ese planteo es por ahora únicamente un pedido de la parte denunciante. No significa que los usuarios puedan dejar de pagar sus cuotas ni que la Justicia haya suspendido las obligaciones vigentes.
La presentación también pidió requerir información al Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, Defensa del Consumidor y la Inspección General de Justicia. Entre otros datos, busca conocer cuántos préstamos fueron otorgados con las tasas más elevadas, cuáles fueron las tasas efectivamente cobradas durante el último año y quiénes intervienen dentro de la compañía en su determinación.
El conflicto también llegó a la calle. La organización Libres del Sur convocó primero a un boicot de 24 horas contra Mercado Libre, Mercado Pago y Mercado Crédito y luego realizó una manifestación frente a las oficinas centrales de la empresa, en el barrio porteño de Saavedra.
La protesta se concretó el 18 de agosto. Los manifestantes cuestionaron las tasas de los créditos, reclamaron su reducción, mecanismos de refinanciación para los deudores y la devolución de intereses que consideran excesivos.
La organización vinculó además el problema con el creciente endeudamiento de hogares y cuestionó la política de desregulación financiera del Gobierno nacional.
Mercado Libre no emitió una respuesta institucional específica frente a aquella movilización, según consignaron medios que cubrieron la protesta. Sin embargo, Mercado Pago sí explicó públicamente su política de tasas durante estos días al ser consultado por la controversia.
La explicación de la compañía se centra fundamentalmente en el riesgo crediticio.
Mercado Pago afirmó que la TNA se determina individualmente y que las condiciones mejoran a medida que el usuario demuestra un buen comportamiento. También sostuvo que, para clientes considerados de bajo riesgo, sus tasas resultan competitivas frente a las ofrecidas por bancos tradicionales.
La fintech aseguró además que su nivel de mora entre personas físicas se encuentra en línea con el de los principales bancos privados y por debajo del promedio observado entre proveedores de crédito no bancarios.
Desde la industria fintech agregaron otros factores que encarecen estos préstamos: el costo del financiamiento que obtienen las propias compañías, la carga impositiva, la volatilidad económica y el hecho de que muchas plataformas otorgan crédito a clientes sin antecedentes suficientes o que directamente quedaron fuera de la banca tradicional, lo que incrementa el riesgo de incumplimiento.
La polémica se produce además en un contexto de fuerte expansión del crédito no bancario y deterioro en la capacidad de pago.
El último informe oficial del Banco Central sobre Proveedores No Financieros de Crédito muestra que en febrero de 2026 alrededor de 12,1 millones de personas tenían financiamiento otorgado por este tipo de compañías. Solo las fintech superaban los 7 millones de clientes y su cartera había crecido 47% interanual en términos reales.
Al mismo tiempo, la irregularidad de la cartera total de los proveedores no financieros alcanzó 26,9%, mientras que en los préstamos personales llegó al 34,1%. Dentro del segmento fintech, la mora se ubicó en 26,2%.
El BCRA también informó que la TNA promedio para préstamos personales de determinadas categorías de proveedores no financieros llegó al 144% en febrero. Los números muestran un mercado que creció rápidamente y permitió acceder al crédito a millones de personas, pero al mismo tiempo presenta costos y niveles de incumplimiento elevados.
El debate llegó también al Gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, había sido consultado por el nivel de las tasas de las billeteras digitales y sostuvo que actualmente "no hay nada que les impida" cobrar esos valores.
El funcionario calificó ese tipo de política crediticia como un "negocio equivocado", pero consideró que se trata de una relación entre privados y descartó, al menos en sus declaraciones públicas, una intervención directa para fijar esos precios.
La posición fue cuestionada por las organizaciones que impulsaron las protestas, que reclaman mayores límites y controles sobre el costo del crédito.
Otro de los argumentos incorporados por Solano es una comparación con Brasil. El escrito presentó como ejemplo un préstamo concreto de Mercado Crédito por 18.000 reales a pagar en 12 cuotas, cuyo costo efectivo total informado equivalía al 63,13% anual.
La denuncia compara ese valor con el máximo de 1.375,94% informado en Argentina y sostiene que la diferencia supera las 21 veces. Sin embargo, esa comparación tampoco puede interpretarse como que Mercado Pago cobra siempre 63,13% en Brasil y 1.375,94% en Argentina: se compara una operación específica brasileña con el máximo de un rango argentino y las condiciones dependen del producto y del perfil de cada cliente.
La presentación sostiene además que existen diferencias regulatorias entre ambos mercados. En Argentina, Mercado Pago opera dentro del universo de proveedores de servicios de pago y de proveedores no financieros de crédito, actividades alcanzadas por regulaciones del Banco Central, pero no funciona como un banco tradicional autorizado a captar depósitos para prestarlos.
El conflicto entró en una etapa principalmente judicial. El primer punto pendiente es saber si el juez acepta o rechaza la cautelar que pretende frenar provisionalmente los cobros.
En paralelo, la investigación deberá determinar qué tasas fueron aplicadas efectivamente a los usuarios, cuántos créditos llegaron a los extremos denunciados, cómo se definieron esas condiciones y si existió el aprovechamiento de una situación de necesidad exigido por el Código Penal para configurar usura.
Hasta que eso ocurra, la definición más precisa es que Mercado Libre y los responsables de su negocio crediticio están denunciados por presunta usura, no que el delito haya sido probado.
La discusión excede además a una sola compañía. Con millones de argentinos utilizando préstamos de fintech y una morosidad en crecimiento, el expediente abrió un debate más amplio sobre qué límites debe tener el costo del crédito digital, cómo se informa ese costo y hasta dónde debe intervenir el Estado en un mercado que se convirtió en una de las principales puertas de entrada al financiamiento para personas que no acceden al sistema bancario tradicional.
