El Código Penal plantea la posibilidad de restituir las cosas robadas o los bienes adquiridos con ellas a la víctima de la sustracción, como una forma de indemnizarla por el daño material y moral sufrido. Eso entienden también el fiscal de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, Miguel Gay, con su ayudante, José Luis Salinas Molina, y el abogado, Fernando Molina, que representa a la víctima de un robo de 4.963.414 pesos y 2.300 dólares. Y por eso ante el juez que ya condenó a 1 año y 7 meses de prisión efectiva al ladrón de ese dinero, Raúl Nicolás Carpio Sánchez, pidieron que la moto Corven 250cc que ese sujeto compró en 4,5 millones, sea entregada a la víctima o al menos dejada en su poder en calidad de depositario judicial.

Sin embargo, el magistrado dijo que nada podía decidir sobre ese asunto, porque en el juicio abreviado solo le pidieron resolver sobre la culpabilidad de Carpio (asistido por la Defensa Oficial representa por Javier Quiroga) y nada sobre el destino de la moto comprada con la plata robada. Además, argumentó que dejó de ser el juez de esa causa cuando quedó firme la sentencia, dijeron fuentes judiciales.

¿Cómo resolver la cuestión? el asunto no es sencillo, por otro problema: la moto estaba en poder de Carpio, pero el boleto de compraventa de ese vehículo, confeccionado el mismo día en que sustrajo el bolso con el dinero y ropa de un utilitario, se hizo con un tal Jonathan Leandro Ochoa, amigo de Carpio.

El hurto del bolso con el dinero (fruto de los pagos por la venta de lotes) había ocurrido entre las 15,50 y las 16,10 del 28 de febrero, tiempo que le tomó a quien tenía el dinero, en dejar su vehículo en calle San Luis, entre Jujuy y Rioja, Capital, para ir a realizar un trámite y volver.

Las cámaras revelaron que Carpio fue el ladrón (ya tenía otras dos condenas de 6 meses y 3 meses, respectivamente). Y el que le vendió la moto aquel día, lo señaló como quien encabezó las negociaciones para luego delegar en su amigo la firma del boleto de compraventa.

Por ahora, la causa con el planteo de los acusadores, pasó a la jueza de Ejecución Penal, Lidia Reverendo, quien podría resolver a su favor o resistirse a intervenir y pasar el caso a un juez civil, estimaron voceros judiciales.

El otro camino que allanaría la entrega de la moto a la víctima como una forma incompleta de indemnizarla, sería localizar a Ochoa para que declare cómo fue que decidió convertirse por lo menos en encubridor de Carpio, al firmar un boleto de compraventa de un vehículo que, en el uso diario, no sería suyo. Pero ese sujeto aún no puede ser localizado.