En un fallo sin precedentes, la Justicia uruguaya impidió a una joven avanzar con un aborto legal, que en ese país está permitido desde 2012, por solicitud del presunto padre. El hecho generó un amplio repudio de las organizaciones y sectores que trabajaron por la sanción de la Ley Nº 18.987 que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

 

Ayer, los gremios de jueces y abogados uruguayos dieron su respaldo a la jueza Pura Concepción Book, quien decidió suspender el aborto. La Asociación de Magistrados de Uruguay (AMU) y el Colegio de Abogados ratificaron que actuó conforme a "los principios de las Naciones Unidas sobre independencia judicial" al rechazar las presiones e intromisiones.

 

Las reacciones surgieron luego de que llovieran críticas y reclamos a la decisión de Book por parte de grupos feministas, colectivos sociales, políticos y personalidades. El exviceministro de Salud Leonel Briozzo --promotor de la histórica ley que despenaliza el aborto aprobada en 2012-- exigió incluso la destitución de la jueza de la ciudad de Mercedes.

 

En un fallo inédito, Book resolvió que una mujer debía suspender el proceso de interrupción voluntaria del embarazo con diez semanas de gestación debido a un recurso interpuesto por el hombre con el que tuvo una breve relación, que desembocó en la concepción no deseada. Ya no están en pareja.

 

El padre del niño argumentó que está dispuesto a hacerse cargo de la criatura "independientemente de que la madre esté dispuesta a ejercer su rol" y alegó tener las condiciones económicas para ello. Su abogado, Federico Arregui, aseguró que el hombre intentó convencerla de que no abortara, "lo cual resultó infructuoso, en cuyo mérito decidió activar los mecanismos legales tendientes a la protección de la vida del hijo en común", detalló al diario El País de Montevideo.

 

El fallo sentó un precedente importante considerando que está vigente la Ley 18.987, conocida como "Ley del aborto", que fue aprobada en 2012 bajo la presidencia de José Mujica. Entre sus artículos, la norma detalla que la interrupción voluntaria del embarazo no será penalizada cuando la mujer cumpla con los requisitos establecidos y se realice durante las primeras doce semanas de gravidez. Ayer, el abogado de la mujer confirmó a medios locales que apelaría la decisión.