La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los amplios aranceles globales impulsados por el presidente Donald Trump, en un fallo que representa una derrota clave para su agenda económica. La decisión fue adoptada por 6 votos a favor y 3 en contra, y se centra en los gravámenes “recíprocos” aplicados a casi todos los países bajo una ley de poderes de emergencia.
El fallo constituye el primer gran tema de la agenda de Trump que llega directamente al máximo tribunal, organismo que el propio mandatario moldeó durante su primer mandato con la designación de tres jueces conservadores. Pese a ello, la mayoría resolvió limitar el alcance del Poder Ejecutivo en materia tributaria.
En la opinión mayoritaria, el presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles. “Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo”, escribió Roberts en el pronunciamiento.
Disintieron los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh. En su voto en minoría, Kavanaugh afirmó que, más allá de su conveniencia política, los aranceles eran “claramente legales” según el texto y los precedentes invocados por la administración.
La controversia giró en torno a una ley de 1977 que permite al presidente regular importaciones durante emergencias nacionales. Si bien otros mandatarios la utilizaron en reiteradas ocasiones, principalmente para imponer sanciones, Trump fue el primero en invocarla para aplicar impuestos generalizados a las importaciones.
En abril de 2025, el mandatario republicano impuso aranceles “recíprocos” a la mayoría de los países, alegando déficits comerciales que calificó como emergencia nacional. Previamente ya había aplicado gravámenes a Canadá, China y México, argumentando una crisis vinculada al narcotráfico.
La ofensiva desató una ola de demandas judiciales, entre ellas las presentadas por una docena de estados con gobiernos demócratas y por pequeñas empresas que comercializan desde suministros de plomería hasta juguetes educativos y ropa de ciclismo femenina. Los demandantes sostuvieron que la ley de emergencia no menciona expresamente los aranceles y que su aplicación no superaba los estándares legales vigentes.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto económico de los aranceles podría alcanzar 3 billones de dólares en la próxima década. En paralelo, el Tesoro estadounidense recaudó más de 133.000 millones de dólares en impuestos a las importaciones bajo la normativa cuestionada, de acuerdo con datos federales de diciembre. Empresas como Costco ya iniciaron acciones legales para reclamar reembolsos.
El fallo no impide que Trump pueda recurrir a otras leyes para imponer aranceles, aunque estas limitan la rapidez y la magnitud de las medidas. Funcionarios de la administración señalaron que buscarán sostener el esquema comercial bajo otras herramientas legales.
La decisión se conoce en un contexto en el que el presidente había calificado el caso como uno de los más importantes en la historia del país, advirtiendo que un fallo adverso sería un duro golpe económico. Sin embargo, la oposición legal abarcó sectores diversos, incluidos grupos libertarios y empresariales cercanos al Partido Republicano, en medio de encuestas que reflejan baja popularidad de los aranceles y preocupación por el costo de vida.