El reconocido abogado bonaerense, con fuerte presencia en los medios, Fernando Burlando asumió la representación de la firma Garder, la que está en la mira de la Justicia por, presuntamente, haberle cobrado a la Obra Social Provincia (OSP) servicios que no prestó y por haber falsificado documentos de una clínica privada. Si bien el profesional reconoció que no tenía información sobre la segunda causa, por lo que no podía opinar, sobre la primera dijo que, "inicialmente, no vemos que haya existido perjuicio contra el Estado", por lo que no estaría configurado el delito de defraudación contra la administración pública, el que se castiga con un mes a seis años de prisión, y por el cual están imputados los propietarios María Molina De la Fuente, Marilina Elisa De la Fuente y Adrián Guzmán. Además, indicó que, "en el caso de existir algún tipo de perjuicio, se trataría de errores involuntarios" y que la compañía "está dispuesta a devolver el dinero, con creces". Así, se mostró dispuesto a "armonizar y convenir esta situación para que llegue a un buen fin y, sino, a jugar la guerra que sea."
