El máximo tribunal desestimó un recurso presentado por la defensa, que cuestionaba presuntas irregularidades en el inicio de la causa. Los condenados también habían denunciado penalmente a funcionarios judiciales, pero esa presentación fue desestimada.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este miércoles un nuevo planteo de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. La resolución lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso por considerar que no contaba con una fundamentación autónoma suficiente.
La presentación cuestionaba presuntas irregularidades cometidas durante las primeras horas de la investigación, en particular, las condiciones en las que los imputados fueron informados sobre las pruebas en su contra y los hechos que se les atribuían al momento de sus indagatorias.
Los argumentos ya habían sido expuestos por la defensa durante el proceso penal. En paralelo, los condenados impulsaron una denuncia penal contra funcionarios judiciales por presuntos delitos vinculados con el desarrollo inicial de la causa.
El planteo fue impulsado por el abogado Hugo Tomei, cuando todavía representaba a Matías Franco Benicelli, Enzo Tomás Comelli, Ayrton Michael Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Luciano Pertossi y Lucas Fidel Pertossi.
De acuerdo con la presentación, los jóvenes no habrían conocido de manera adecuada las pruebas de cargo ni la imputación en su contra durante las indagatorias realizadas el 19 de enero de 2020, horas después del crimen.
A partir de esos argumentos, la defensa promovió una denuncia penal por presunta falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad.
Entre los denunciados se encontraban la fiscal del caso, Verónica Zamboni; la defensora pública Verónica Olindi Huespi; funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el entonces juez de Garantías de Dolores, David Mancinelli, quien había dictado la prisión preventiva de los imputados.
La denuncia penal fue desestimada por falta de dolo. También se rechazó el pedido de tomar declaración testimonial a los rugbiers en calidad de víctimas y otras medidas solicitadas por su abogado.
Tomei recurrió entonces a instancias superiores para cuestionar esa decisión. Posteriormente, presentó ante el juez Mancinelli un planteo de inconstitucionalidad del procedimiento y pidió su recusación, al considerar que se había vulnerado el derecho de los denunciantes a ser escuchados por un juez imparcial.
Tanto el magistrado como el Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazaron los planteos. En agosto de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires desestimó el recurso de queja y, en abril de 2026, denegó el recurso extraordinario.
Finalmente, la Corte Suprema de la Nación también rechazó la presentación, al considerar que no refutaba de manera autónoma todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia apelada.
La resolución representa un nuevo revés judicial para la estrategia impulsada por la defensa en torno a las presuntas irregularidades del comienzo de la investigación por el asesinato de Fernando Báez Sosa.
