El tribunal de la Corte Suprema incorporará magistrados suplentes luego de que sus tres integrantes no lograran consenso sobre el artículo 154 del DNU 70/23.
Durante el acuerdo del día de hoy, y al no lograr unanimidad de criterios, el máximo tribunal decidió convocar a dos conjueces para intervenir en una causa vinculada con la validez del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras. El sorteo en la Corte Suprema se realizará en las próximas horas.
Los ministros del máximo tribunal analizaron este martes un escrito de una ONG ambiental que se presentó la semana pasada, como una “solicitud de aclaratoria”. Fue tras el fallo del martes pasado que rechazó por falta de legitimación la presentación de la agrupación CECIM de ex combatientes.
Se trata de una demanda impulsada por la Asociación Civil “Árbol de Pie” que también cuestiona el artículo 154 del DNU 70/23 donde se derogó la Ley de Tierras.
Esa ONG se amparó en el derecho a la protección de ambiente, expresamente contemplado en la Constitución Nacional. Esa demanda no fue tratada por la justicia federal de Bariloche, donde se radicó la presentación; ni por la Cámara Federal de La Plata, adonde se derivó el caso.
El análisis de esta nueva causa va en línea con el comunicado de la Corte Suprema que sostuvo que el fallo CECIM fue una cuestión procesal y que nada impedía al máximo tribunal analizar los casos que llegaran a esa instancia por el mismo tema.
El tratamiento de esta causa se ajusta al régimen de procesos colectivos, que se agrupan. El primero que era necesario tratar era el de Cecim, y la Corte resolvió que no tenía legitimación procesal, porque no hay vinculación entre lo que planteaba la ONG y la ley de tierras. Ese rechazo habilita a tratar la segunda causa en el orden, que es “Arbol de Pie”, que es una asociación ambiental que plantea cuestiones directamente vinculadas con el tema.
El máximo tribunal también quedó en condiciones de resolver la impugnación de la CGT contra el capítulo laboral del DNU 70/2023, después del dictamen del procurador general Eduardo Casal. Ese expediente podría llevar a la Corte a fijar un criterio sobre los requisitos de necesidad y urgencia para que el Poder Ejecutivo dicte este tipo de normas.
