La megacausa de expropiaciones, una causa de las más resonantes en San Juan en los últimos años y que derivó en un proceso judicial que demandó 15 años de investigación tuvo finalmente su sentencia en el mediodía de este viernes. Uno de los condenados, el abogado Santiago Graffigna fue condenado a 7 años y 8 meses de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial.
Esta causa que involucró a exfuncionarios, jueces, fiscales, peritos y abogados acusados de defraudar al Estado mediante el pago de sobreprecios en terrenos expropiados. El juicio que montó el Poder Judicial en el Concejo Deliberante de Capital, tuvo distintas condenas que fueron siendo comunicadas por el Tribunal.
Graffigna si bien recibió una pena de 7 años y 8 meses de prisión efectiva, ya cumplió 3 años en prisión preventiva. Entre las otras condenas resaltan la pena de 6 años de prisión efectiva para el exjuez Carlos Macchi; 6 años de prisión para el abogado Horacio Alday por coautoría en siete hechos de fraude; 4 años de prisión para la perito oficial ya jubilada Ana María Melvin por el delito de fraude, incumplimiento de deberes y asociación ilícita; Mario Díaz recibió 6 años por fraude, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público: José Moreno recibió 3 años de prisión por fraude, estafa y el mismo incumplimiento; Néstor Adán Ruiz fue sentenciado a 4 años y 6 meses por cinco hechos de estafa y como miembro de la organización; Juan Pablo Quiroga recibió 3 años por tres hechos de fraude y Víctor Hugo Bustos, 3 años y 6 meses por su participación en tres estafas.
Mientras que el Trobunal determinó que Julio César Fernández, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera fueran absueltos. En tanto que Fernando Videla no recibió condena y será evaluado por una junta médica para determinar si está en condiciones de afrontar el juicio.
El hecho
La megacausa de las expropiaciones se destapó en el año 2010. Terrenos expropiados en zonas como el Parque de Mayo, Cuesta del Viento y el Canal Benavídez que detectaron irregularidades en los montos pagados derivó en el inicio de la investigación. Se determinó que hubo una manipulación sistemática de tasaciones para inflar los valores y beneficiar a privados en detrimento del erario público.