El Tribunal de Cuentas detectó presuntas irregularidades en el manejo de los fondos de Angaco. En la cuenta de 2017, hay seis puntos que sumados entre sí representan un vacío en las arcas de poco más de 3 millones de pesos, por lo que los funcionarios departamentales deberán justificar los faltantes con documentación y, de no hacerlo, deberán solventarlo con su bolsillo. De la totalidad de los ítems detectados, el más relevante es el pago en exceso de terrenos expropiados por el municipio, en el que también aparece la entrega de inmuebles a quienes el municipio les expropió los lotes como "muestra de solidaridad y desprendimiento". Ese rubro asciende a 2.244.900 pesos y en la mira se encuentra el intendente José Castro, el secretario de Hacienda, el contador, el tesorero y los cinco concejales: José Risueño, Sandra Escuela, Valeria Garay, Alberto Fernández y Mario Pacheco. Además, entre las otras fallas figuran viáticos y viajes no rendidos con sus respectivos comprobantes, falta de certificación de tareas realizadas en obras municipales y de comprobantes por el pago de servicios, dijeron fuentes calificadas. 

En el caso de los terrenos, hubo dos expropiaciones y en ninguna de ellas la municipalidad cumplió lo que establece la ley provincial, la cual es obligatoria para todas las comunas. La norma indica que si un municipio busca hacerse de un terreno debe tener en cuenta el valor que fija el Tribunal de Tasaciones y, en los casos que estén debidamente fundamentados, podrá incrementar ese monto hasta en un 10 por ciento del precio fijado.

En el primero de los inmuebles, el órgano tasador lo valuó en 616.200 pesos y el Concejo Deliberantes autorizó y habilitó al Ejecutivo a pagarlo en 1.000.000 pesos, más la entrega de cuatro lotes, tomando como justificación "un acto de reconocimiento por las muestras de solidaridad y desprendimiento" para con el privado. Así, la comuna pagó 383.800 pesos de más por el predio expropiado, a lo que se suman 420.000 pesos correspondientes al costo de los cuatro lotes cedidos. 

En el caso del segundo inmueble ocurrió una operación similar: el cuerpo deliberativo le aprobó al intendente un desembolso de 300.000 pesos cuando el predio tenía un costo de 268.900 pesos, según la documentación. Además, la comuna le cedió gratuitamente 4.000 metros cuadrados de terreno a favor del expropiado. Según el Tribunal de Cuentas, Angaco pagó 31.100 pesos de más por el terreno mientras que lo equivalente a los metros cuadrados cedidos ascendió a 1.410.000 pesos, por lo que terminó gastando de más 1.441.100 pesos. Esta última cifra y el desembolso anterior hacen un excedente total de 2.244.900 pesos. Como las expropiaciones fueron encaradas por la gestión comunal y avaladas por el Concejo en pleno, el Tribunal de Cuentas le formuló cargos al intendente, al titular de Hacienda, Raúl Páez; al contador Martín Trigo, al tesorero Fabián Chaves y a los cinco ediles, quienes, en el caso de no poder justificar la operación en 15 días hábiles, deberán devolver entre todos 2.244.900 pesos.

Otra de las presuntas irregularidades tiene que ver con los fondos para la obra de remodelación de la plaza departamental. La comuna recibió 4 millones de pesos de la provincia y gastó 1.545.642 pesos y les quedó un saldo de 1.638.007, por lo que hay una diferencia de 816.349 pesos que no están justificados. Un tercer cargo es por el pago de 30 mil pesos en mano de obra para "iluminación peatonal", en el que tampoco figura documentación respaldatoria. Y otros son por pasajes y viáticos liquidados y no rendidos o mal aplicados por 30.266 pesos, dijeron las fuentes.

Servicio y material

El Tribunal detectó presuntas fallas en el pago del servicio de telefonía sin documentación respaldatoria. Además, una persona cobró un expediente por la venta de cañerías sin tener un poder o autorización.