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El Senado de la Nación no pudo sesionar ayer por falta de quórum, luego de que la oposición no logró reunir los 37 legisladores necesarios para debatir el plan de labor parlamentaria que incluía una restricción a la facultad del jefe de Gabinete de reasignar partidas presupuestarias.
Tras una hora de tolerancia, el presidente provisional del cuerpo, José Pampuro, dio por levantada la sesión cuando el tablero del recinto marcaba sólo 32 senadores presentes.
Entre los que asistieron a la sesión figuraron todo el bloque de la Unión Cívica Radical, la mayoría del Peronismo Federal, los cordobeses del Frente Cívico, el socialismo, la Coalición Cívica y el peronismo pampeano.
En cambio, se ausentó todo el bloque del Frente para la Victoria, además de sus aliados del ex ARI de Tierra del Fuego, el Movimiento Popular Neuquino, la justicialista santafesina Roxana Latorre y el riojano Carlos Menem, con licencia por enfermedad.
El jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, declaró, al fracasar la sesión, que "más allá de lo que se acuerda en Labor Parlamentaria, nuestra postura siempre fue clara: cuando la oposición plantea temas que buscan lesionar al gobierno es su responsabilidad reunir quórum".
"Hoy ha quedado demostrado que no tienen el número para imponer agenda propia. Reiteramos que ante temas como superpoderes, el nuevo régimen de DNU y la modificación al Consejo de la Magistratura nos vamos a oponer siempre. Sobre todo porque los dos primeros tienen mucho que ver con la gobernabilidad", insistió Pichetto.
El proyecto que debía tratarse ayer fue enviado por el gobierno nacional y aprobado por el Senado el año pasado, aunque la Cámara de Diputados le introdujo varias modificaciones.
Por lo tanto, el Senado debe aceptar las modificaciones de la Cámara baja o insistir con la sanción original.
El proyecto remitido por Diputados busca revocar los denominados "superpoderes" del Jefe de Gabinete y su reemplazo por el artículo 37 de la mencionada Ley de Administración Financiera que implica que cualquier reasignación presupuestaria, para ser efectiva, debe ser aprobada antes por una ley del Congreso.
En cambio, la iniciativa original limita al 5 por ciento el monto de las partidas presupuestarias que podían ser modificadas por el Ejecutivo.