El gobernador Sergio Uñac no dudó y a primera hora de ayer firmó el decreto para que Guillermo Ruiz Álvarez cese sus actividades como presidente de la Caja de Acción Social, cargo que venía desempeñando desde el 2003. El desplazamiento se dio luego de que este medio diera a conocer la investigación que lo tiene en la mira como presunto prestamista de particulares, luego de que una comerciante lo denunciara ante la Justicia. Quien también está bajo la lupa es el hermano del ahora exfuncionario, Javier Ruiz Álvarez, quien cumple funciones como fiscal de Cuentas en el Tribunal de Cuentas desde diciembre de 2015. Desde este último organismo indicaron que para que el agente sea apartado de su puesto, el juez que tiene a cargo la causa debe dictar el auto de procesamiento o la prisión preventiva. En ese caso, el funcionario es suspendido inmediatamente sin goce de haberes. Si finalmente se produce una absolución o un sobreseimiento, cesa la suspensión y el agente puede volver a su cargo.

La reacción de Uñac, tras tomar conocimiento de la situación que lo involucra a Ruiz Álvarez con la Justicia, refleja lo que viene sosteniendo desde el inicio de su gestión: que no va a tolerar ningún tipo de dudas o sospechas sobre la conducta de los integrantes de su equipo. De hecho, no es la primera vez que el Gobernador toma cartas en asuntos similares, ya que ha separado de sus puestos a varios exfuncionarios (ver Otras salidas...).

El hecho que involucra a los hermanos Ruiz Álvarez comenzó en agosto cuando María Natalia Alaniz realizó una denuncia telefónica en la línea 134, de la Secretaría de Articulación Judicial - Coordinación de Recepción de Gestión de Denuncias del Ministerio de Seguridad de la Nación. La mujer le había pedido dos préstamos por fuera del sistema bancario a un viejo conocido, Renzo Tinto, quien le prestó el dinero. A cambio, la denunciante debía cancelar la deuda, con capital más intereses. Como garantía, esta presentó dos cheques. Ante la entidad nacional, la comerciante explicó que canceló el préstamo más los intereses, pero que además le ejecutaron los documentos que presentó como respaldo. En este último paso es donde aparecen los hermanos Ruiz Álvarez.

Al ser consultado sobre la situación judicial de uno de sus funcionarios, Uñac se mostró sorprendido y además indicó que "la medida es definitiva mientras dure la investigación. Luego, con el resultado de la causa, se verá si regresa". Por otro lado, sostuvo que quien suceda a Ruiz Álvarez en la Caja de Acción Social, lo que se definirá en las próximas semanas, "deberá iniciar una investigación interna para ver si hubo alguna autorización de fondos que no corresponda".

En el caso de Javier Ruiz Álvarez, se trata de personal de planta permanente que se desempeña como fiscal de Cuentas y como tal, tiene un cargo clave: dictaminar las cuentas de los organismos públicos. Su tarea se regula a través de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, que indica que los fiscales son inamovibles en sus cargos mientras dure su buena conducta y desempeño. Si se detecta una irregularidad en su trabajo, se le debe iniciar un sumario administrativo para su remoción, mientras que si un juez lo procesa por algún delito, queda inmediatamente suspendido de su cargo sin goce de haberes. El presidente del cuerpo, Isaac Abecasis, dijo que esperarán lo último "porque es lo que corresponde".

Otras salidas

En los tres años y medio de la gestión uñaquista varios funcionarios fueron apartados de su cargo por decisión del Gobernador. El primer desplazamiento se dio a los cinco meses de la asunción de Uñac, al pedirle la renuncia a Oscar Marconi, secretario Técnico del Ministerio de Salud Pública. A los pocos días, el 31, fue el turno de Elio Aserrad, director de Coordinación con los hospitales, porque no cumplió con las expectativas que Uñac y el titular de la cartera, Castor Sánchez Hidalgo, había depositado en su persona. Isidro Ponce, comisario a cargo la Dirección de Inteligencia (D2), también fue desplazado en mayo de 2016, tras haber sido denunciado por abuso sexual. En julio fue el turno del secretario de Turismo, Ubaldo Hidalgo, tras la acusación de una exmujer por presunta violencia de género. En diciembre del año pasado, el ministro de Salud, Sánchez Hidalgo, dejó su cargo.