El fiscal General aseguró que el nuevo protocolo de comunicación busca profesionalizar la difusión de causas trascendentes y garantizar igualdad de acceso a la información. También se refirió a la continuidad de Mónica Sefair y advirtió que el crecimiento de los ciberdelitos obliga a crear nuevos puestos en la Fiscalía.
El fiscal General, Guillermo Baigorrí.-
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La polémica por el nuevo protocolo de comunicación del Ministerio Público Fiscal encontró este viernes una respuesta directa del fiscal General. El jefe del Ministerio Público, Guillermo Baigorrí, salió a hablar del alcance de la medida, rechazó las acusaciones de censura a fiscales y aseguró que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para profesionalizar la comunicación institucional y garantizar un acceso más ordenado y equitativo a la información judicial.
Las explicaciones llegaron luego de un par días de debate en ámbitos judiciales y periodísticos luego de una publicación de DIARIO DE CUYO por la resolución que establece pautas para la difusión de causas de alto impacto público. Para Baigorrí, buena parte de las críticas nacieron de una lectura equivocada del documento. "Ha habido una interpretación absolutamente errada y curiosamente sin ningún tipo de fundamento en lo que dice la resolución. Ha habido una interpretación posiblemente sin apego a lo que verdaderamente se dice ahí", sostuvo en Radio Colón.
El funcionario recordó que la legislación vigente obliga al Ministerio Público a informar sobre aquellas investigaciones que, por su gravedad o trascendencia institucional, generan interés general en la sociedad. "En aquellos casos en los cuales la trascendencia o la gravedad genera un interés general de la ciudadanía, y también en aquellos casos en los cuales la administración pública o un funcionario público estén comprometidos, es obligatorio que el Ministerio Público comunique", explicó.
A partir de esa obligación legal, sostuvo que la creación de pautas internas no constituye una restricción sino una herramienta de organización. "Cuando vos hablás de un protocolo de funcionamiento, es una sugerencia, es un mecanismo, un procedimiento por el cual se va a regir. Lo he hecho solo y con el único fin de ordenar, de profesionalizar, de institucionalizar de alguna manera la tarea de los fiscales en lo que tiene que ver con estas causas trascendentes", afirmó.
La explicación de Baigorrí se inscribe además en una línea de gestión que comenzó a delinear apenas asumió el cargo, cuando anunció la creación de una Oficina de Comunicación, una novedad respecto del modelo que había caracterizado la gestión del fallecido fiscal General Eduardo Quattropani.
Según explicó, la intención nunca fue desplazar a los fiscales de la comunicación de las investigaciones, sino brindarles respaldo profesional en momentos de alta exposición mediática. "Mi función era aportarles a los fiscales una colaboración. Los fiscales muchas veces, cuando están en causas de mucha trascendencia y los medios demandan atención, se la pasan atendiendo los medios y posiblemente desatendiendo otras cosas", señaló. Y agregó: "Qué bueno es tener un equipo que los ayude a los fiscales, que la comunicación sea lo más adecuada posible, lo más profesional, que no sea confusa, que sea clara".
En ese contexto, rechazó de manera categórica las interpretaciones que sugieren una limitación a la libertad de expresión de los integrantes del Ministerio Público. "Este protocolo ha sido dictado para el funcionamiento interno sin tener ningún tipo de intención de cercenar la facultad de los fiscales de poder comunicar los conocimientos que tienen sobre las causas que están bajo su potestad", afirmó.
Incluso destacó que la resolución ratifica que los fiscales continúan siendo las voces autorizadas para hablar sobre las investigaciones que conducen. "Yo lo único que he dicho es que los únicos que pueden opinar sobre las causas son los fiscales, que son los que están sabiendo, los que están conociendo y los que están al tanto". Y remató con la frase más contundente de toda la entrevista: "Jamás podría pensarse o derivarse de esto que yo estoy cercenando el derecho de expresión de los fiscales. Es un absurdo".
Uno de los argumentos centrales de Baigorrí fue que la nueva modalidad busca garantizar igualdad de acceso a la información para todos los medios de comunicación. "Otro objetivo que yo tenía con este tipo de resolución era atender también un criterio de democratización de la información para que todos los medios estuvieran en igualdad de condiciones", sostuvo.
Según explicó, en investigaciones de fuerte impacto social resulta más conveniente recurrir a mecanismos institucionales que permitan transmitir la misma información a todos los periodistas al mismo tiempo.
"Cuando las cosas son verdaderamente trascendentales, es mucho mejor que el fiscal actúe profesionalmente. Para eso, si es necesario, se hace una conferencia de prensa. Para eso, si es necesario, se hace un comunicado oficial", indicó.
Para el fiscal General, la comunicación institucional se ha transformado en una herramienta estratégica para cualquier organismo público. "Tenemos que saber que la comunicación hoy es una de las herramientas más importantes que puede tener cualquier institución. Una mala comunicación perjudica y una muy buena comunicación mejora los resultados". Y agregó: "Si nosotros ponemos el eje en una comunicación adecuada, asertiva, oportuna, en el momento que corresponde y de la manera que corresponde, seguramente los resultados van a ser mucho mejores".
Otro de los puntos que generó controversia fue la referencia a eventuales sanciones previstas en el protocolo. Baigorrí aclaró que las mismas están dirigidas exclusivamente al personal de la Oficina de Comunicación y no a los fiscales. "La sanción está prevista para los miembros de la Oficina de Comunicación que asumen un compromiso de confidencialidad", explicó.
Según detalló, las sanciones podrían aplicarse si un integrante del área utilizara información institucional para fines políticos o ajenos a los objetivos del Ministerio Público. "Si usan la oficina de comunicación con fines políticos o distorsionados respecto de los objetivos del Ministerio Público, van a ser sancionados".
Y volvió a descartar cualquier intención disciplinaria respecto de los fiscales. "Acá dicen: 'Ahora los fiscales podrán ser sancionados'. No. No se podrán sancionar. No es que voy a andar persiguiendo o sancionando por cuestiones de comunicación".
Baigorrí aseguró que el protocolo no generó resistencias dentro del organismo y que, por el contrario, ha sido bien recibido por quienes deben aplicarlo. "Lo que hemos hecho en este protocolo lo venimos practicando con la UFI de Delitos Especiales, que es la que está más expuesta a estas cuestiones, y verdaderamente los mismos fiscales dicen que ha sido una gran solución", señaló.
Según relató, la nueva metodología les permite concentrarse en las investigaciones mientras especialistas se ocupan de coordinar la relación con la prensa. "Antes teníamos, además de todas nuestras tareas, la cuestión de atender a todos los medios y cuidarnos de lo que teníamos que decir. Ahora eso me lo resuelve una oficina que tiene expertiz para el tema".
También reveló que mantuvo una conversación con la presidenta de CONFIAS, Laura Romarión, quien le transmitió una evaluación favorable de la medida. "Nosotros lo hemos entendido positivamente, no hemos sentido bajo ningún aspecto que se nos esté cercenando nuestro derecho. Lo creemos como una medida acertada", relató sobre el contenido del diálogo.
Desde su llegada al cargo, el fiscal General ha impulsado una relación más cercana con el máximo tribunal, en contraste con el estilo confrontativo que caracterizó a Quattropani. Sin embargo, aclaró que una mejor convivencia institucional no implica diluir la identidad propia que el Ministerio Público construyó durante años.
Consultado sobre la propuesta del Colegio de Magistrados para reintegrar a los ficales del CONFIAS, respondió: "Tenemos que trabajar juntos en aquellos intereses en los cuales tengamos cuestiones comunes, pero no necesita que tengamos que volver para atrás y unificar".
Y añadió: "Me parece que está bueno mantener la identidad de cada uno".
Para fundamentar esa postura, recordó que jueces y fiscales cumplen funciones distintas dentro del sistema judicial. "Mientras que la Corte tiene que ser absolutamente imparcial y objetiva en el análisis, nosotros tenemos una impronta que nos da la ley, que tiene que ver con acusar y perseguir la acción penal en procura de garantizar los derechos de toda la ciudadanía".
Baigorrí también fue consultado por la situación de la defensora General, Mónica Sefair, quien había iniciado los trámites jubilatorios antes de asumir el cargo. El fiscal General confirmó que el tema fue conversado, aunque aclaró que todavía no existe una decisión definitiva. "Tengo entendido que por lo menos no me ha manifestado que en tal fecha se va. Supongo que eso la hace seguir con la intención de continuar".
Sobre una eventual sucesión, sostuvo: "No tengo definido quién podría ser en caso de que se vaya. Eso será motivo de verlo cuando se produzca la vacancia".
Finalmente, anticipó que planea solicitar refuerzos presupuestarios para ampliar la estructura fiscal. "Voy a plantearle a la Corte que para el presupuesto del año que viene se incorpore la creación de algunos cargos de fiscales".
La necesidad, explicó, responde tanto a la futura implementación del sistema acusatorio penal juvenil como al crecimiento sostenido de determinados delitos. "Hoy han crecido muchísimo los delitos informáticos como el grooming y las estafas informáticas. De un año a otro ha cambiado exponencialmente la cantidad de casos".