El Foro de Periodismo Argentino expresó su preocupación por el protocolo impulsado por el fiscal General Guillermo Baigorrí, que centraliza la comunicación institucional y prevé sanciones para funcionarios que difundan información sin autorización.
Guillermo Baigorrí, fiscal general de la Corte de San Juan.
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El debate sobre la nueva política de comunicación del Ministerio Público Fiscal de San Juan sumó este jueves una fuerte crítica del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), entidad que manifestó su preocupación por la Resolución General 26/2026 firmada por el fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí, al considerar que establece restricciones al contacto entre funcionarios judiciales y periodistas.
A través de un pronunciamiento público, FOPEA advirtió que la normativa, dictada el pasado 12 de junio, "establece restricciones al contacto entre los integrantes del Ministerio Público Fiscal y los medios de comunicación, bajo apercibimiento de sanciones de carácter administrativo, disciplinario, civil o penal".
La resolución aprobó un Protocolo de Actuación para el manejo de información pública y formalizó un esquema que ya había sido anticipado días atrás. Entre otros aspectos, dispone que fiscales, asesores y funcionarios deberán abstenerse de brindar información informal, extraoficial o no autorizada a la prensa, además de desaconsejar intercambios personales permanentes con periodistas sobre causas en trámite.
El nuevo sistema centraliza la difusión institucional a través de la Oficina de Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal, dirigida por Sofía Correa, que será el canal prioritario para la elaboración de comunicados, coordinación de entrevistas y relación con los medios de comunicación. Además, toda publicación vinculada a causas judiciales deberá contar con autorización previa de las autoridades competentes.
Para FOPEA, si bien es legítimo que una institución busque ordenar sus mecanismos de comunicación interna, el problema aparece cuando ese ordenamiento se transforma en restricciones respaldadas por posibles sanciones.
El organismo también remarcó que la relación entre periodistas y fuentes judiciales forma parte del principio constitucional de publicidad de los actos de gobierno y consideró preocupante que ese intercambio pueda interpretarse como una conducta sancionable.
En ese sentido, FOPEA recordó que los fiscales ejercen la acción penal pública en representación de la sociedad y, por lo tanto, deben rendir cuentas ante ella. Además, señaló que el sistema acusatorio vigente en San Juan se apoya en los principios de publicidad y transparencia, por lo que cualquier regulación comunicacional que opere en sentido contrario podría entrar en tensión con la lógica del propio modelo procesal.
La Resolución General 26/2026 tiene como objetivo declarado unificar criterios de comunicación, proteger datos sensibles y resguardar el debido proceso en las investigaciones penales.
Entre sus principales disposiciones, establece que:
Queda prohibida la difusión de datos sensibles, documentación reservada o información que pueda afectar investigaciones judiciales.
Se crea un mecanismo específico para detectar, informar y eventualmente sancionar filtraciones.
Además, el protocolo prevé que cualquier integrante del Ministerio Público que advierta la circulación de información institucional o judicial sin autorización deberá comunicarlo de inmediato al fiscal General para evaluar posibles medidas administrativas, disciplinarias o judiciales.
Ante este escenario, la organización periodística reafirmó que la libertad de prensa y el acceso a la información pública constituyen pilares esenciales del sistema democrático.
Por ese motivo, instó a las autoridades judiciales de San Juan a revisar el alcance de la resolución en aquellos aspectos que puedan afectar el ejercicio legítimo del periodismo y la libertad de expresión.
La discusión se produce en momentos en que la Fiscalía General busca reforzar el control institucional sobre la información vinculada a investigaciones penales, mientras sectores del periodismo advierten que las nuevas reglas podrían limitar el acceso a fuentes clave para la cobertura de asuntos de interés público.