Este martes, el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, que envió el gobernador Marcelo Orrego a la Cámara de Diputados de San Juan, tuvo los OK necesarios para encaminarse al tratamiento y aprobación en el recinto. Tal como anticipó DIARIO DE CUYO, la iniciativa que apunta a incentivar al contratación local en la industria minera no tuvo un tratamiento exprés, sino que pasó por las instancias de rigor en la Legislatura. Ingresó, tomó estado parlamentario y ahora se discutió en comisiones.
En la previa, el lunes hubo reunión con los ministros redactores, Gustavo Fernández y Juan Pablo Perea, de Producción y Minería, respectivamente. Los funcionarios del Ejecutivo acudieron al Axeno de la Legislatura a explicar los alcances y detalles del documento.
El proyecto del orreguismo tiene el camino despejado para la aprobación el jueves. Naturalmente hubo reparos del bloque Justicialista, que puso trabas durante la discusión en la reunión de comisiones de LAC (Legilación y Asuntos Constitucionales), Hacienda y Minería. Como suele suceder, en el peronismo hubo divergencias. Por ejemplo, el calingastino Jorge Castañeda se diferenció de los planteos del jachallero Miguel Vega y del giojista Mario Herrero.
De cualquier modo, el presidente de Minería, el bloquista iglesiano Gustavo Deguer, hizo avanzar la discusión. Ahora queda tocar el tema en Labor Parlamentaria, a las 12. Es un hecho que el documento ingresará en el orden del día de la sexta sesión ordinaria. El oficialismo de Producción y Trabajo, junto a las bancadas dialoguistas, dieron luz verde. Todo indica que el proyecto puede convetirse en ley el mismo jueves. Las voluntades están.
Desde el momento en que el gobernador Marcelo Orrego firmó la iniciativa, el Ejecutivo dejó en claro que no buscaría una aprobación acelerada, como ocurrió con otros proyectos estratégicos. A diferencia de la ley que autorizó a la Provincia a gestionar créditos internacionales por hasta 600 millones de dólares, el Gobierno optó por que la propuesta atravesara todas las instancias parlamentarias: ingreso formal, giro a comisiones, debate técnico, despacho y tratamiento en el recinto.
La decisión respondió a la importancia que el Ejecutivo le atribuye a una norma que pretende convertirse en uno de los pilares de la política minera provincial, con reglas permanentes para fomentar la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en los grandes emprendimientos.
Aunque popularmente fue presentada como una "ley de proveedores", el Gobierno de Orrego insiste en que su alcance es más amplio. El proyecto incorpora herramientas destinadas tanto a fortalecer el empleo local como a potenciar el desarrollo de la cadena de valor minera en la provincia.
Entre sus principales ejes, establece que las compañías mineras y sus contratistas deberán elaborar planes de desarrollo de empleo y de proveedores con metas progresivas, medibles y sujetas a controles periódicos. Como objetivo, fija que el 80% de los trabajadores de cada operación minera sean residentes en San Juan y que el 60% de las compras de bienes, obras y servicios recaigan sobre empresas locales cuando exista una oferta competitiva.
La iniciativa también crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN), incorpora mecanismos de transparencia para las contrataciones y prevé incentivos fiscales para aquellas operadoras que cumplan simultáneamente con las metas de empleo y contratación local.