El máximo tribunal y el Ministerio Público empezaron a mostrar una sintonía que hasta ahora no existía. El argumento: un programa que impulsó el ministro Victoria y que el difunto Quattropani no tomó en serio. En contraste, el fiscal Baigorrí puso personal a disposición.
Este lunes, el Foro de Abogados vivió la escenificación de un acercamiento que hasta hace poco no existía entre la Corte de Justicia y la Fiscalía General. El movimiento tuvo dos protagonistas: el cortista Juan José Victoria —quien viene empujando la agenda de Justicia Restaurativa desde adentro del máximo tribunal— y el fiscal General Guillermo Baigorrí, que decidió subirse a un esquema que durante años no logró seducir al Ministerio Público bajo el control del difunto Eduardo Quattropani.
La jornada sobre Justicia especializada en Salud Mental y Programa de Justicia Restaurativa dejó algo más que definiciones técnicas y la participación de la jurista americana Ginger Lerner-Wren. Tuvo el approach más claro entre el máximo tribunal y el fiscal General desde que asumió en noviembre pasado.
En rigor, el tema central de las disertaciones fue la Justicia Restaurativa en la provincia, que es impulsada por la Corte desde 2023 como un programa piloto, que luego quedó de manera formal y que está enfocado en jóvenes en conflicto con la ley penal. Se aplica en Capital, Santa Lucía, Rawson y Jáchal, y busca reparar el daño mediante la participación de víctimas, victimarios y la comunidad.
De acuerdo a la teoría, el modelo se aleja del enfoque exclusivamente sancionatorio y apunta a reducir la reincidencia a través de la responsabilidad y la mediación. Incluye además convenios interinstitucionales, capacitación de facilitadores y articulación con áreas como niñez y deportes. El reconocimiento internacional en 2025 como Mejor Programa de Inclusión consolidó su visibilidad, pero puertas adentro el desafío sigue siendo político: lograr que todos los actores del sistema lo incorporen.
Este lunes, además de la ponderación positiva del caso, la cuestión estuvo enfocada en los movimientos de los jefes judiciales. Amén de la buena sintonía en las butacas, durante la disertación de los expositores hubo un gesto de Victoria y una explicación de Baigorrí que reflejaron el ahora aparenta trabajo armónico entre la Corte y el Ministerio Público. Victoria — ministro referente dentro del máximo tribunal— cedió el cierre del evento a Baigorrí. La movida rompió con el protocolo que indica que el cortista baja el telón de los encuentros institucionales.
Victoria contrastó, aunque elípticamente, la actualidad con la gestión del difunto fiscal General Eduardo Quattropani, que no quiso o no promovió el respaldo pleno del Ministerio Público a la Justicia Restaurativa. “Traté de traer muchas veces a la Fiscalía y ahora se lo propuse al fiscal General y aceptó. Incluso tiene personal de la Fiscalía en la Oficina Judicial de Justicia Restaurativa”, deslizó.
El cortista, sin embargo, evitó sobredimensionar la herramienta y marcó algunos límites en la aplicación: “Justicia Restaurativa no es la solución. No es lo que va a solucionar la justicia sanjuanina. Simplemente es una herramienta más para que podamos resolver las causas con un poco más de humanidad”. Y reforzó: “No es la gran solución. Pero con muchas ganas y esfuerzo, con la colaboración del gobernador, con el fiscal General y con la defensora General, somos un granito de arena”.
Por su parte, Baigorrí explicó por qué decidió involucrar a la Fiscalía en un modelo que, en principio, puede parecer ajeno al paradigma tradicional punitivo. “Apenas asumí me junté con el doctor Juan José Victoria, me contaron que estaban trabajando en este programa. En un primer momento uno entra en una confusión… esto es distinto a lo que tenemos”. “Fueron muy claros: una cosa es complementaria de la otra. No significa que la justicia restaurativa reemplace ni que vaya a solucionar todo, pero sí es una herramienta más”, contó.
El fiscal General hizo foco en el valor práctico del esquema judicial en el que puso como representante de la Fiscalía a Lucila Victoria. “Es una herramienta para todos los actores del proceso: fiscales, defensores, asesores de menores… incluso para personas vulnerables”. “Es una herramienta que permite ver lo que sucede, no tanto con la pena, sino cómo podemos influenciar en la persona”, cerró.