El Foro de Abogados de San Juan salió a responder —sin menciones directas— al pedido de remoción de integrantes de su Directorio impulsado por un grupo de letrados. A través de un breve comunicado institucional difundido este 17 de abril, la conducción que encabeza José Salinas se limitó a reafirmar atribuciones legales y advertir sobre posibles “avasallamientos” al orden público profesional.
El pronunciamiento llega un día después de que las agrupaciones Abogacía Independiente y Foro Independiente presentaran formalmente una nota solicitando el desplazamiento de directores por un presunto conflicto de intereses vinculado a la asociación civil Abogacía Transformadora, referenciada en el expresidente Marcelo Álvarez.
Sin aludir a ese planteo puntual, el Directorio que preside el oficialista José Salinas optó por una respuesta institucional de bajo perfil político, pero con un mensaje claro: “El Foro de Abogados es la única Persona Jurídica de Derecho Público que posee el Gobierno de la Matrícula en todo el territorio provincial”, señala el primer punto del texto, en alusión a la normativa vigente.
En la misma línea, el comunicado remarca que “la representación institucional de los profesionales de la Abogacía es una facultad exclusiva y excluyente de este Foro”, reforzando uno de los ejes centrales del cuestionamiento presentado por los abogados opositores: la eventual superposición de funciones con otras entidades.
El documento también incluye una advertencia general: “Cualquier acción contraria a la ley de Orden Público que rige el ejercicio profesional constituye un avasallamiento a la colegiación legal y genera una confusión para la sociedad”. La frase, sin destinatarios explícitos, parece responder al fondo del planteo que cuestiona el rol de Abogacía Transformadora y otras asociaciones.
Finalmente, el Directorio aseguró que continuará “realizando las gestiones institucionales necesarias para asegurar el pleno respeto del marco legal vigente y la adecuada protección del ejercicio profesional”.
El planteo opositor, ingresado el 16 de abril y firmado por Héctor Eduardo Vizcaíno Righetti, sostiene que existen integrantes del Directorio que también ocupan cargos en la comisión directiva de Abogacía Transformadora, lo que —según argumentan— configura una “incompatibilidad de tareas” y un “evidente conflicto de intereses”. En ese marco, solicitaron la aplicación del artículo 98, inciso 4, de la Ley 2406-A para remover tanto a miembros titulares como suplentes, y convocar a una asamblea.