El oficialismo busca acordar con los bloques aliados un nuevo esquema para reemplazar la Emergencia en Discapacidad. La iniciativa mantiene la actualización de las pensiones, el nomenclador único y las compensaciones a prestadores, pero incorpora auditorías para verificar los requisitos.
Comisión de Discapacidad.
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El oficialismo presentó este martes a los bloques aliados una nueva propuesta para modificar el esquema de políticas destinadas a las personas con discapacidad, con el objetivo de dejar atrás la controversia generada por los recortes previstos inicialmente en el proyecto de Presupuesto 2027.
La iniciativa busca garantizar la continuidad de las prestaciones y establecer un sistema permanente que, según el Gobierno, permita dar mayor previsibilidad, transparencia y control al financiamiento del área. El proyecto será analizado este miércoles por los legisladores que deberán definir el dictamen.
Uno de los principales cambios respecto del texto incluido originalmente en el Presupuesto 2027 es que la pensión no contributiva por discapacidad continuará vigente y mantendrá su actualización mensual por inflación.
Además, los beneficiarios tendrán acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud. A partir de un pedido de sectores de la oposición, la propuesta también establece que la pensión será compatible con un trabajo registrado, siempre que el ingreso del beneficiario no supere el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
A su vez, quienes contraten por tiempo indeterminado a personas con discapacidad podrán acceder a beneficios impositivos, de acuerdo con el nuevo texto presentado por el oficialismo.
Otro de los puntos centrales de la propuesta está relacionado con los prestadores. El nuevo dictamen mantiene el nomenclador universal y el esquema de aranceles unificados contemplados en la legislación vigente.
La modificación resulta relevante porque las organizaciones vinculadas a la discapacidad habían advertido sobre el impacto que tendría eliminar ese sistema y permitir que obras sociales, empresas de medicina prepaga o provincias establecieran sus propios valores.
El artículo 4 del proyecto ratifica la vigencia del artículo 7 bis de la Ley 24.901, que establece valores de aranceles iguales para las personas jurídicas alcanzadas por la normativa y dispone mecanismos de actualización vinculados al índice de movilidad de jubilaciones, pensiones y asignaciones.
También se establece expresamente que las compensaciones adeudadas a los prestadores deberán ser abonadas, de acuerdo con el cronograma correspondiente. Se trata de los montos vinculados con el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.
El nuevo esquema incorpora además auditorías periódicas sobre los beneficiarios de las pensiones por invalidez laboral y discapacidad.
La Secretaría Nacional de Discapacidad deberá verificar que se mantengan los requisitos necesarios para acceder y conservar esas prestaciones. Para hacerlo, deberá controlar inicialmente documentación y condiciones socioeconómicas mediante el cruce de información con bases de datos públicas.
Este punto responde a la intención del oficialismo de elevar los controles sobre las pensiones. Cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habían anticipado que no alcanzaría únicamente con contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD), sino que se buscaría comprobar que los requisitos tengan correspondencia con la situación socioeconómica de cada beneficiario.
El presupuesto para discapacidad no podrá caer en términos reales
La propuesta también incorpora una garantía presupuestaria para el área. Según el nuevo texto, las partidas destinadas al sostenimiento del sistema no podrán ser inferiores, en términos reales, a las del ejercicio inmediatamente anterior.
Desde La Libertad Avanza señalaron que la iniciativa mantiene los derechos contemplados en la legislación vigente, pero evita prorrogar la Emergencia en Discapacidad. En cambio, los recursos pasarían a formar parte del Presupuesto nacional, lo que, según el oficialismo, permitiría un mayor nivel de control y auditoría.
La propuesta fue presentada durante una reunión encabezada por Martín Menem con representantes de los bloques aliados. Entre los asistentes estuvieron legisladores del MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, País Federal, Argentina Federal y La Neuquinidad.
Uno de los diputados que participó del encuentro calificó la iniciativa como “verdaderamente superadora” y sostuvo que incorpora “sostenibilidad fiscal dado que se incluye en el Presupuesto”. También consideró que debería contar con respaldo de distintos espacios porque, según su interpretación, otorgaría mayor previsibilidad tanto a las personas con discapacidad como a los prestadores.
Desde el peronismo, en cambio, plantearon reparos sobre el financiamiento. “Los aliados que este miércoles firmen el dictamen del oficialismo lo harán por una cuestión de fe”, señalaron, al cuestionar que la asignación efectiva de los recursos dependerá del Presupuesto que finalmente apruebe el Congreso.
El nuevo texto será discutido este miércoles, cuando el oficialismo buscará avanzar con el dictamen que permita reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente para las políticas de discapacidad.
