Lo que ocurre en los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan es una escena repetida de la historia reciente de la Argentina: conflicto salarial, sindicatos en pie de lucha, padres movilizados y, en el medio, la escuela como campo de batalla. Esta vez, la imagen que condensó todo fue una carpa instalada en pleno patio de la Escuela de Comercio y la Escuela Industrial. Volvió un debate que nunca termina -ni terminará- de saldarse: ¿hay adoctrinamiento en las aulas o hay, simplemente, política donde siempre la hubo?
No es una discusión nueva. Pero sí es una discusión incómoda.
De un lado, los padres autoconvocados —unos 600, según sus propios números— reaccionaron con una mezcla de alarma y hastío. No cuestionan el reclamo salarial docente, incluso lo reconocen como justo. Lo que objetan es otra cosa: que sus hijos, adolescentes de entre 12 y 15 años, tengan clases en una carpa donde el contenido gira en torno al conflicto universitario, los salarios y la situación económica bajo el gobierno de Javier Milei. Para ellos, la línea es clara: el aula debe estar separada del conflicto gremial.
La palabra “adoctrinamiento” aparece ahí, cargada de sentido y de sospecha. Quizás demasiado.
Del otro lado, los sindicatos docentes —SIDUNSJ y ADICUS— sostienen que la modalidad de “paro activo” busca justamente lo contrario a lo que se les imputa: no interrumpir el proceso educativo. Dar clases, pero visibilizando el reclamo. Enseñar, pero también contextualizar. En ese marco, la carpa no sería un símbolo de imposición ideológica, sino una herramienta pedagógica y política a la vez.
Y ahí es donde la discusión se vuelve más compleja.
Porque la escuela nunca fue un espacio neutral. Nunca. Pensarla como una burbuja aislada de la realidad es, en el mejor de los casos, una aspiración ingenua. La educación pública —y más aún la universitaria— está atravesada por decisiones políticas: presupuesto, salarios, contenidos, prioridades. Discutir el financiamiento educativo es, necesariamente, hacer política. Pretender que los estudiantes estén completamente ajenos a eso es, en cierto punto, negarles una parte del mundo que habitan.
Ahora bien, reconocer eso no implica habilitar cualquier cosa.
Hay un límite que no puede correrse sin consecuencias: el de la edad y el rol pedagógico. No es lo mismo un debate político en una cátedra universitaria que una charla gremial en una clase de secundaria. No es lo mismo formar pensamiento crítico que ocupar tiempo de clase con consignas o posicionamientos que, por definición, son parciales. Y no es lo mismo explicar un conflicto que convertir a los alumnos en espectadores cautivos de una disputa de adultos.
Ahí es donde el reclamo de los padres encuentra su punto más sólido.
Porque, más allá de las intenciones, lo concreto es que los estudiantes pierden días de clase. No sólo por los paros —que son un derecho— sino también por la decisión de reemplazar contenidos académicos por discusiones coyunturales. Y en un sistema educativo que ya arrastra déficits estructurales, cada hora cuenta.
Pero tampoco los sindicatos están parados en el vacío.
El contexto es innegable: salarios deteriorados, presupuesto ajustado —con un aumento que no alcanza a cubrir la inflación— y una ley de financiamiento universitario cuya aplicación efectiva sigue en disputa. En ese escenario, exigir que el conflicto no se vea, no se escuche o no incomode es, en la práctica, pedir que no exista.
Quizás por eso el intento de acuerdo entre padres y gremios —ese “paro activo” que permitiera sostener clases y visibilizar el reclamo— parecía una salida razonable. Una síntesis imperfecta, pero posible. Sin embargo, la desconfianza mutua, amplificada incluso por un mensaje de WhatsApp mal interpretado o malintencionado, volvió todo a foja cero.
Mientras tanto, la conducción de la universidad, encabezada por Tadeo Berenguer, eligió el silencio. Una estrategia que, en contextos de alta sensibilidad, suele ser leída más como ausencia que como prudencia.
Y la política —la de los despachos— ya empezó a moverse. Diputados nacionales fueron contactados, algunos prometieron gestiones, otros reafirmaron posiciones. Pero, como casi siempre, las soluciones estructurales parecen quedar más lejos que las declaraciones.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿dónde termina la educación y dónde empieza la política?
La respuesta, incómoda pero honesta, es que no hay una frontera nítida. La escuela es, también, un territorio de disputa de sentido. Lo fue siempre. Pero justamente por eso exige una responsabilidad mayor: la de no confundir formación con militancia, ni concientización con imposición.
Entre la carpa y el aula no debería haber una grieta. Debería haber un equilibrio. Sobre todo porque cada sector tiene un interés válido. Pero debería saber, porque la historia también lo demuestra, la experiencia ya existe, que no hay que tirar de la cuerda más de la cuenta porque se rompe, en uno o en otro sentido.
