El intendente de Angaco, José Castro, volverá a Tribunales el 11 de marzo. Otro fiscal lo imputará junto a tres ediles por el acuerdo para zafar del juicio.
El intendente José Castro será imputado por otra causa, pero en el nuevo Sistema Acusatorio.
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DIARIO DE CUYOLa situación judicial del intendente de Angaco, José Castro, se agravará en los próximos días. Mientras un tribunal analiza la validez del acuerdo que presentó junto a concejales para evitar el juicio por presunta malversación de fondos públicos, la denuncia por el presunto "pacto de impunidad" abrió otro frente penal que lo volverá a sentar frente a un juez.
Luego de la audiencia realizada este viernes en Tribunales, en la que la defensa del jefe comunal pidió la nulidad del proceso y la fiscalía cuestionó el acuerdo de conciliación aprobado por el Concejo Deliberante de Angaco, DIARIO DE CUYO pudo saber que el próximo miércoles 11 de marzo a las 16 horas se realizará una audiencia de formalización donde se imputarán los delitos denunciados por la fiscal Silvana Gerarduzzi.
La cita será en el marco de una investigación impulsada por la UFI de Delitos Especiales tras una denuncia presentada por la fiscal de Cámara. En esa causa también quedaron bajo la lupa los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López, quienes votaron a favor de la ordenanza que avaló el acuerdo impulsado por el intendente.
Según fuentes del caso, el fiscal Francisco Nicolía ya analiza la documentación reunida para definir si solicita la apertura del proceso penal contra el jefe comunal y los ediles por los mismos delitos denunciados Gerarduzzi, que son incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y, en el caso de los ediles, encubrimiento agravado. Si agrega o desestima algunos delitos.
La polémica se originó cuando Castro, antes de que comenzara el juicio en su contra por presunta malversación de caudales públicos, envió al Concejo Deliberante un proyecto de conciliación. La propuesta consistía en donar 5 millones de pesos a Cáritas de Angaco como forma de reparación del supuesto daño, con la intención de lograr la suspensión del proceso penal.
La iniciativa fue aprobada en una sesión extraordinaria con el voto positivo de los concejales oficialistas Alberto De los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López. El edil Andrés Olivera votó en contra, mientras que Gloria Herrera se abstuvo. Con esa mayoría simple, el acuerdo quedó plasmado en una ordenanza y luego fue presentado ante la Justicia por la defensa de Castro para intentar extinguir la acción penal y evitar el juicio.
La fiscal Gerarduzzi considera que esa decisión legislativa podría constituir una maniobra institucional irregular. En su denuncia planteó que el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante habrían intentado interferir en un proceso judicial al disponer de la acción penal mediante una ordenanza.
Desde el Ministerio Público Fiscal sostienen que los delitos contra la administración pública no admiten este tipo de salidas alternativas, ya que el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento del Estado.
Además, también se cuestiona la legalidad de la sesión extraordinaria en la que se aprobó la ordenanza, ya que este tipo de convocatorias deben realizarse por razones urgentes o vinculadas a obras públicas, y no para tratar cuestiones relacionadas con procesos judiciales. En definitiva, fuentes del caso señalaron a este medio que la ordenanza "es inconstitucional".
El expediente principal que tiene a Castro como imputado se remonta a una denuncia realizada en 2019 por un ex concejal de su riñón. Lo acusó de haber utilizado maquinaria y personal municipal en un predio privado ubicado en el departamento Chimbas.
El juicio oral estaba previsto para el 23 de febrero de 2026 ante un tribunal integrado por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe. Sin embargo, el debate fue suspendido hasta que se resuelva si el acuerdo aprobado por el Concejo tiene validez jurídica.
Este viernes 6 de marzo de 2026, tras escuchar a las partes, el tribunal resolvió postergar la decisión y fijó una nueva audiencia para el 20 de marzo, fecha en la que se definirá si el proceso continúa o si el acuerdo puede ser considerado.
Mientras tanto, la nueva denuncia presentada por la fiscal Gerarduzzi abre otro frente judicial para el intendente de Angaco y derivará en la formalización de una causa penal contra él y los concejales que respaldaron la polémica ordenanza.