Analizan solicitar la audiencia de formalización contra el intendente de Angaco, José Castro, y los ediles que se alzaron con un acuerdo para evitar un juicio.
El concejal Roberto López, el intendente de Angaco José Castro y los ediles Alejandro Paredes y Alberto De Los Ríos, los denunciados por la fiscal Gerarduzzi.
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En Tribunales es fuerte el rumor: la investigación contra el intendente de Angaco José Castro y tres concejales avanzaría a una instancia clave. En los próximos días la UFI Delitos Especiales podría pedir la audiencia de formalización contra el jefe comunal y los ediles señalados por haber impulsado un acuerdo que intentaba frenar el juicio penal en su contra.
La denuncia fue presentada por la fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi, quien puso bajo la lupa al intendente José Castro y a los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López. Para la representante del Ministerio Público Fiscal, la maniobra institucional desplegada para intentar cerrar el conflicto penal configuraría delitos vinculados al incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y, en el caso de los ediles, encubrimiento agravado.
A raíz de esta situación los investigadores de la mencionada UFI trabajan en el caso y están recolectando la documentación pertinente. En caso de que se haga la audiencia de formalización, el fiscal de turno que tomó la denuncia, Francisco Nicolía, puede determinar si agrega o quita delitos o imputa los mismos.
Antes de que comenzara el debate oral en su contra por presunta malversación de caudales públicos, el intendente envió al Concejo Deliberante un proyecto de conciliación. La iniciativa proponía que, en su carácter de jefe comunal, donara 5 millones de pesos a Cáritas del departamento como forma de reparación del daño.
El proyecto fue aprobado en una sesión extraordinaria con el respaldo de los tres concejales oficialistas mencionados. El edil Andrés Olivera votó en contra y Gloria Herrera se abstuvo. Con esa mayoría simple, el acuerdo obtuvo luz verde legislativa y luego fue presentado en la Justicia por el abogado defensor Marcelo Fernández, con el objetivo de extinguir la acción penal y evitar el juicio.
El proceso estaba previsto para el 23 de febrero de 2026 ante un tribunal integrado por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe, quienes suspendieron el inicio del debate a la espera de la opinión fiscal sobre la validez del acuerdo.
Para Gerarduzzi, la ordenanza aprobada implica que tanto el Ejecutivo como la mayoría del Concejo se habrían conferiro atribuciones propias de la Fiscalía y del Poder Judicial. En otras palabras, habrían intentado disponer de la acción penal —una facultad exclusiva del Ministerio Público Fiscal— mediante un acto administrativo. Además, la salida alternativa propuesta no resultaba aplicable en casos que involucran delitos contra la administración pública.
La causa que dio origen al proceso penal se remonta a 2019, cuando una integración anterior del Concejo denunció a Castro por el presunto uso de maquinaria y personal municipal en un predio privado ubicado en Chimbas. Con el regreso del intendente al poder en 2023 y una mayoría alineada en el Legislativo, se impulsó la ordenanza que hoy está bajo investigación.
Mientras los investigadores continúan recolectando documentación y evaluando la legalidad del acuerdo, el fuerte rumor que circula en Tribunales apunta a que la Fiscalía avanzará con el pedido de formalización. De concretarse, se abrirá formalmente una causa penal contra el intendente y los tres concejales por la maniobra que, según la denuncia, buscó evitar el juicio a través de un acuerdo considerado irregular.
La definición podría llegar en cuestión de días y marcará un nuevo capítulo en un conflicto institucional que ya generó alto impacto político en Angaco.