El jefe comunal de Angaco se presentó en Tribunales ante los jueces para sostener el acuerdo con el Concejo Deliberante que la fiscal Silvina Gerarduzzi pretende invalidar. Es investigado por malversación de los fondos públicos del departamento.
Este viernes se realizó en Tribunales una audiencia clave en la causa que tiene como imputado al intendente de Angaco, José Castro, investigado por presunta malversación de fondos públicos. Ante el tribunal, el jefe comunal defendió el acuerdo de conciliación aprobado por el Concejo Deliberante, mientras que la Fiscalía lo cuestionó con dureza y advirtió sobre la gravedad institucional del caso. El 20 de marzo habrá novedades. El comunero todavía puede zafar del juicio formal.
Durante la audiencia, la defensa de Castro —encabezada por el abogado Marcelo Fernández— solicitó la nulidad del trámite impulsado por el Ministerio Público Fiscal y pidió que el proceso no continúe hasta que se resuelva la validez del acuerdo legislativo que buscaba cerrar el conflicto penal.
“Solicito que el trámite no debería proseguir. El planteo de acuerdo de conciliación y reparación contiene una actuación de parte del Concejo Deliberante. Está expresada mediante una ordenanza, que es la única manera de expresar la voluntad”, argumentó el letrado ante los jueces.
Fernández también cuestionó la rapidez con la que se activó la denuncia penal tras la aprobación del acuerdo entre las partes. “El MPF pone en duda eso y radica la denuncia. Nos llama la atención la celeridad de la denuncia y de la fecha de fijación de la audiencia”, sostuvo.
En ese marco, insistió en que Castro se puso a disposición de la Justicia y defendió la legalidad del procedimiento impulsado desde el Ejecutivo municipal. “Se pone en duda la legalidad y honestidad del acuerdo. Propongo que se suspenda el trámite otorgado hasta tanto se dilucide la situación procesal”, concluyó.
La fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi respondió con una exposición contundente contra el planteo de la defensa y contra el acuerdo político aprobado por el Concejo Deliberante de Angaco.
Según la representante del Ministerio Público, el caso involucra delitos contra la administración pública y, por lo tanto, no admite salidas alternativas como la conciliación. “El bien jurídico protegido es el normal funcionamiento del Estado, es decir del patrimonio estatal. El intendente es un garante del interés público”, sostuvo.
Gerarduzzi fue aún más enfática al advertir sobre el impacto institucional de permitir ese tipo de acuerdos. “La política criminal nacional e internacional sobre los delitos de corrupción sobre la administración pública nos conduce a concluir que todas las vías alternativas resultan incompatibles. Permitir estas conciliaciones crea un fuero de impunidad con acuerdos políticos para evitar el juicio”, afirmó.
En la misma línea, cuestionó que el Concejo Deliberante haya avalado el mecanismo. “El Concejo Deliberante carece del perdón de cualquier tipo de ofensa. Este es un conflicto entre un funcionario público y el orden público”, remarcó.
La fiscal también señaló que el caso tiene una “gravedad institucional manifiesta”, ya que el intendente atraviesa actualmente un nuevo mandato al frente del municipio. “Administrar irregularmente y mantenerse debería dar explicaciones a la comunidad que dio su voto de confianza. Permitir una extinción de la acción penal por una conciliación sería improcedente y transmite un mensaje social de impunidad”, advirtió.
Tras escuchar a las partes, el tribunal resolvió fijar una nueva audiencia para el 20 de marzo. Continuará analizando los planteos presentados, por lo que la definición sobre la validez del acuerdo y la continuidad del proceso quedó postergada.
La polémica se originó cuando, antes del inicio del juicio oral en su contra, Castro envió al Concejo Deliberante un proyecto de conciliación para intentar cerrar el proceso penal. La iniciativa proponía que el intendente donara 5 millones de pesos a Cáritas de Angaco como forma de reparación del daño.
El proyecto fue aprobado en una sesión extraordinaria con el respaldo de los concejales oficialistas Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López. El edil Andrés Olivera votó en contra y Gloria Herrera se abstuvo.
Con esa mayoría simple, el acuerdo obtuvo luz verde legislativa y luego fue presentado ante la Justicia por la defensa del intendente con el objetivo de extinguir la acción penal y evitar el juicio.
El debate oral estaba previsto para el 23 de febrero de 2026 ante un tribunal integrado por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe, quienes decidieron suspender el inicio del proceso hasta conocer la posición del Ministerio Público Fiscal sobre la validez de la conciliación.