Ya pasó el primer día de aplicación de la resolución que aconseja la forma de relacionarse entre fiscales y el periodismo. Qué pasó.
Romarión y Baigorrí.-
Foto:
La polémica que generó el protocolo de comunicación impulsado por el fiscal General Guillermo Baigorrí pareció, al menos en su primer día de vigencia real, bastante menos dramática de lo que sugerían las interpretaciones iniciales. Lejos de una rebelión interna o de una parálisis en la relación entre fiscales y periodistas, las primeras reacciones dentro del Ministerio Público Fiscal dejaron ver un abanico de posiciones.
En rigor, durante las horas posteriores a la difusión de la resolución pudieron advertirse tres posturas claramente diferenciadas. La primera fue la del desconcierto. Algunos fiscales manifestaron, en conversaciones reservadas, que no tenían claro cómo sería la aplicación concreta del protocolo y admitieron una sensación de incertidumbre. La principal preocupación no estaba relacionada con eventuales sanciones, sino con la falta de precisiones sobre el mecanismo operativo.
Esa zozobra inicial llegó incluso a trasladarse a algunos periodistas. Fuentes judiciales reconocieron que hubo fiscales que pidieron “guardar” información que habían enviado previamente hasta comprender mejor el alcance de las nuevas disposiciones y determinar cómo debían proceder a partir de ahora. Sin embargo, esa reacción pareció diluirse con el pasar del fin de semana.
La segunda postura, sostenida por un grupo minoritario, fue mucho más pragmática. Según esa mirada, el protocolo no alteraría sustancialmente el vínculo cotidiano con los medios y “las cosas seguirían siendo como siempre”. La diferencia estaría dada por algunos casos de alta trascendencia institucional o mediática, donde la comunicación podría canalizarse mediante conferencias de prensa, comunicados oficiales o intervenciones coordinadas con la Oficina de Comunicación del Ministerio Público.
La tercera posición, que distintas fuentes describieron como la más extendida, fue más o menos favorable a la medida. Entre quienes sostienen esta visión, el argumento central es que el nuevo esquema aporta orden y descarga a los fiscales de una tarea que muchas veces les demandaba tiempo en -supuesto- detrimento de sus funciones específicas.
El propio Baigorrí reveló, en una entrevista en Radio Colón, que mantuvo una reunión con la presidenta del Consejo de Fiscales y Asesores, Laura Romarión, durante la mañana del viernes.
Según relató el fiscal General, la titular del CONFIAS le transmitió que la medida no había sido interpretada como una restricción a la labor de los fiscales. “Estamos al tanto de lo que está pasando. Nosotros lo hemos entendido positivamente, no hemos sentido bajo ningún aspecto que se nos esté cercenando nuestro derecho. Lo creemos como una medida acertada”, dijo el fiscal General al reconstruir las palabras que, según aseguró, escuchó de la boca de Romarión durante ese encuentro.
El jefe de los fiscales aclaró además que la presidenta de CONFIAS acudió “voluntariamente” y “no en representación de CONFIAS sino en representación propia”. Sin embargo, la referencia no pasó inadvertida dentro del ámbito judicial debido al peso institucional que tiene quien actualmente preside la entidad que nuclea a fiscales y asesores.
De acuerdo con distintas fuentes consultadas por este diario, puertas adentro de CONFIAS no se registró un clima de malestar por la resolución. Por el contrario, la impresión predominante habría sido que el protocolo apunta a institucionalizar una práctica que ya venía aplicándose en determinadas áreas del Ministerio Público. Incluso trascendió que la vicepresidenta de CONFIAS, Daniela Pringles, también habría observado con buenos ojos la iniciativa impulsada por Baigorrí.
De hecho, no hubo un comunicado contrario al respecto. Aunque cabe la duda, suele suceder que el CONFIAS emite declaraciones cuando siente algún tipo de vulneración en el ejercicio de sus funciones o que los asiste el derecho. Pasó, sin ir más lejos, en el cortocircuito entre la fiscal Claudia Salica y el juez Diego Sanz. La institución dio su visión del asunto al igual que lo hizo, después, el Colegio de Magistrados.
Existe una buena relación entre Baigorrí y la cúpula del CONFIAS. El ejemplo más claro se dio en noviembre del año pasado. Recién designado como jefe del Ministerio Público, acudió a la cena de los fiscales por invitación de Romarión y compañía. Es una muestra de la sintonía positiva que buscan sostener los dirigentes judiciales.
Mientras tanto, en la Corte de Justicia optaron por mantenerse al margen de la discusión. Fuentes del máximo tribunal señalaron que se trata de una cuestión interna del Ministerio Público Fiscal y que, institucionalmente, la Corte no tiene previsto emitir una opinión sobre el tema. La postura predominante entre los ministros es evitar cualquier injerencia en decisiones vinculadas con la organización y funcionamiento del organismo que conduce Baigorrí.