El senador mostró la disconformidad con el proceso judicial. Dijo que intentará estar presente en la continuidad, fechada para el 17 de noviembre.
La audiencia de formalización por la causa del Acueducto Gran Tulum sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión y volvió a quedar interrumpida. Esta vez, el motivo fue un planteo de nulidad presentado por las defensas, al que adhirió el abogado del senador nacional y exgobernador Sergio Uñac. La discusión procesal desplazó nuevamente el eje de la audiencia y postergó el avance sobre las imputaciones a los investigados.
A la salida de Tribunales, Uñac dejó en claro su malestar con el desarrollo del procedimiento. "Soy respetuoso de la Justicia. Pero esto es lo mismo de ayer solamente que lo leyó una fiscal ahora", cuestionó, en referencia a la exposición del Ministerio Público Fiscal y a la continuidad de una audiencia que, hasta el momento, estuvo atravesada por interrupciones y planteos de las partes.
El senador también manifestó que intentará estar presente en la próxima jornada, prevista para el 17 de noviembre. De esta manera, la causa que investiga presuntas irregularidades en la obra hídrica seguirá sin completar la instancia de formalización de los once investigados.
El planteo fue impulsado por el abogado Juan Pablo Ortega, quien junto con Nasser Uzair representa a Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez. A la presentación se sumó Marcelo Fernández, defensor de Uñac, quien sostuvo que podría configurarse una nulidad absoluta por una eventual vulneración de garantías constitucionales y del derecho de defensa.
El cuestionamiento estuvo dirigido a la actuación de la jueza de Garantías, Mónica Lucero, frente a una segunda recusación presentada en su contra. Según argumentaron los abogados, la magistrada rechazó por sí misma el pedido de apartamiento, cuando entendían que debía intervenir el Tribunal de Impugnación, es decir, otro magistrado.
Para las defensas, esa decisión habría desconocido el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal y comprometido las garantías de imparcialidad y defensa en juicio. Por eso, solicitaron que se declare la nulidad de lo actuado.
La Fiscalía rechazó el planteo. El fiscal Sebastián Gómez consideró que se trataba de una maniobra meramente dilatoria y advirtió que aceptar ese criterio abriría la puerta a que cualquier denuncia contra un magistrado o un integrante del Ministerio Público Fiscal pudiera utilizarse para intentar apartarlo de una investigación.
La discusión obligó a la jueza a detener nuevamente el procedimiento. Lucero consideró que necesitaba analizar en profundidad los argumentos antes de continuar y advirtió que avanzar sin resolver el incidente podía derivar en nulidades posteriores, incluso de carácter insalvable. Por eso, fijó la continuidad para el martes 17 de noviembre, a las 14.30.
El nuevo cuarto intermedio se suma a una audiencia que desde su inicio estuvo marcada por los cruces entre las defensas, la Fiscalía y la magistrada. El martes, Lucero había cuestionado la exposición del Ministerio Público Fiscal por la lectura de los antecedentes de la investigación y reclamó mayor claridad y precisión en la presentación de los hechos. Incluso le había advertido al equipo fiscal que debía respetar el principio de oralidad.
Este miércoles, la Fiscalía avanzó con la atribución de delitos a diez de los investigados, entre ellos Uñac y el diputado nacional Cristian Andino. Les atribuyó, según las responsabilidades que considera que tuvo cada uno, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociación incompatible con la función pública.
Sin embargo, la discusión por la nulidad volvió a interrumpir el desarrollo de la audiencia y dejó en manos de Lucero una decisión clave para determinar cómo seguirá el expediente.
La Fiscalía comenzó a precisar las conductas que atribuye a los principales investigados. En el caso de Sergio Uñac, sostuvo que desde su rol al frente del Poder Ejecutivo habría influido para flexibilizar controles y procedimientos que permitieran la participación de Krah en las licitaciones. El Ministerio Público encuadró provisoriamente su conducta en los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El próximo martes 17, a las 14.30, las partes volverán a encontrarse en Tribunales. Allí, la jueza deberá resolver el planteo de las defensas, en una causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Acueducto Gran Tulum, a partir de la denuncia presentada por el excandidato a gobernador Marcelo Arancibia a partir de una serie de links de un portal de noticias.
