La Justicia rechazó la cautelar presentada por la CGT para frenar la reforma laboral. El fallo permite que la normativa siga vigente mientras continúa la causa.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno seguirá vigente tras el rechazo judicial a la cautelar de la CGT.
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La reforma laboral impulsada por el Gobierno recibió un primer respaldo judicial luego de que la Justicia rechazara la cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT). El fallo permite que la reforma laboral siga vigente mientras avanza el proceso judicial, en medio de la disputa entre el Ejecutivo y el movimiento sindical.
La decisión fue tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, que desestimó el pedido de la CGT de suspender los artículos 90 y 91 de la ley. Esos puntos están vinculados con el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una de las reformas más cuestionadas por el sindicalismo.
La central obrera había presentado una acción de amparo contra el Estado nacional el pasado 6 de marzo, solicitando que se declarara la inconstitucionalidad de esos artículos de la ley de modernización laboral. Además, pidió una medida cautelar “innovativa” para suspender su aplicación hasta que hubiera un fallo definitivo.
Según argumentó la CGT, el traslado de competencias a la justicia porteña podría implicar en la práctica la desaparición de la Justicia Nacional del Trabajo. También advirtió que podría generar un colapso del sistema judicial laboral y afectar miles de expedientes actualmente en trámite.
Sin embargo, el magistrado consideró que no correspondía dictar la cautelar en esta etapa del proceso, por lo que la normativa continuará vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma laboral.
El rechazo del planteo sindical representa el primer revés judicial para la estrategia de la CGT de frenar la reforma laboral en tribunales. A pesar de este resultado, desde la central obrera analizan nuevas presentaciones judiciales y acciones políticas para intentar modificar algunos puntos de la ley.
El conflicto marca un nuevo capítulo en la tensión entre el Gobierno y el sindicalismo, ya que la reforma laboral es uno de los pilares del programa económico impulsado por la administración nacional. El debate incluye cambios en la jornada laboral, indemnizaciones, aportes sindicales y el funcionamiento del sistema judicial laboral.
Entre las principales modificaciones de la ley se destacan la posibilidad de extender la jornada diaria hasta 12 horas mediante acuerdo entre trabajador y empleador, la creación de un banco de horas para compensar horas extra, y la digitalización obligatoria de los libros laborales con validez legal por diez años.
Además, la normativa establece cambios en el cálculo de indemnizaciones por despido, crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir costos de desvinculación y fija nuevos límites a los aportes sindicales y empresariales.
También se introducen incentivos para regularizar trabajadores no registrados, incluyendo condonaciones de hasta el 70% de las deudas por aportes dentro de programas de formalización laboral.
En paralelo, la ley redefine las condiciones para el ejercicio del derecho de huelga, exigiendo niveles mínimos de funcionamiento en servicios esenciales y actividades consideradas de importancia trascendental, como transporte, telecomunicaciones o industrias estratégicas.