Se trata de la audiencia en la que otro fiscal pidió la imputación contra el intendente de Angaco y tres concejales por la polémica ordenanza.
De izquierda a derecha: el intendente de Angaco, José Castro; y los concejales Roberto Carlos López, Alberto Enrique De Los Ríos y Luis Alejandro Paredes.
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DIARIO DE CUYOLa situación judicial del intendente de Angaco, José Castro, sumó este miércoles un nuevo capítulo. Se realizó una audiencia durante la siesta en Tribunales, en la que se pretendía imputar al jefe comunal y a tres concejales por la polémica ordenanza que buscaba frenar el juicio por presunta malversación de fondos públicos.
La misma trataba de un proyecto de conciliación, en la que Castro se comprometía a donar 5 millones de pesos a Cáritas de Angaco como forma de reparación del supuesto daño, con el fin de alcanzar la suspensión del debate. La misma iba dirigida ante el Concejo, que actuó como denunciante en la causa que ahora lo tiene contra las cuerdas, aunque con intengrantes totalmente diferentes.
Tras el pedido de fiscalía de seis meses de investigación y medidas coercitivas para los acusados y los dardos cruzados que hubo con la defensa, el juez que entiende en la causa Gerardo Fernández Caussi ordenó un cuarto intermedio de tres días habiles para dar una resolución.
Así la formalización de la investigación contra Castro por los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública y en caso de los ediles Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López por abuso de autoridad y encubrimiento, quedó en "stand by".
Durante la audiencia hubo un contrapunto muy fuerte entre la fiscalía y la defensa de Castro y los concejales.
El fiscal del caso, Francisco Nicolía dijo que es un hecho de "gravedad institucional" y que si bien toda la prueba es documental, la fiscalía buscará obtener testimonios que pueden ser fundamental para la investigación, por eso solicitó una investigación penal preparatoria de seis meses.
Ante la oportunidad de que los cuatro aputandos, el jefe comunal y los ediles, pudieran dar una declaración espontánea sobre la acusación, el abogado Marcelo Fernández, defensa de Castro, pidió la palabra y criticó la postura de fiscalía. Mencionó que el acuerdo surgió por su asesoría y que en todo caso, la fiscal del juicio, Silvana Gerarduzzi, no debería haber realizado la denuncia, sino haber expresado su postura ante el tribunal. Calificó ese hecho de gravedad institucional y no la realizada por un grupo colegiado.
También se explayó en que la cuestión de la ordenanza no debió ser un hecho llevado al fuero penal sino al contencioso administrativo. E hizo recordar que el tribunal del juicio expresó que iba a resolver si aceptaba o no la propuesta de acuerdo el 20 de marzo. Por eso pidió la prejudicialidad del caso, es decir, que se espere la decisión de los jueces del debate. Además solicitó la declinación de competencia del juez. El abogado de los tres concejales, Lionel García se adhirió al pedido de su colega. En tanto Fiscalía se opuso, argumentando que sí se trata de una cuestión penal y que los procesos (contra Castro) son individuales y que se pueden llevar a cabo sin depender uno del otro.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la fiscal de Cámara Gerarduzzi, quien consideró que el Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante impulsaron un acuerdo institucional para interferir en un proceso penal en curso. La investigación está a cargo del fiscal Nicolía y la ayudante fiscal Gemma Cabrera, de la UFI de Delitos Especiales.
El conflicto judicial comenzó cuando, antes de que se iniciara el juicio en su contra por presunta malversación de caudales públicos, Castro envió al Concejo Deliberante un proyecto de conciliación.
La propuesta planteaba donar 5 millones de pesos a Cáritas de Angaco como forma de reparación del supuesto daño, con el objetivo de lograr la suspensión del proceso penal.
La iniciativa fue tratada en una sesión extraordinaria y aprobada por mayoría simple con los votos positivos de los concejales oficialistas De los Ríos, Paredes y López. El edil Andrés Olivera votó en contra, mientras que Gloria Herrera se abstuvo.
Con esa votación, el acuerdo quedó plasmado en una ordenanza que luego fue presentada ante la Justicia por la defensa del intendente para intentar extinguir la acción penal y evitar el juicio.
Desde el Ministerio Público Fiscal sostienen que la ordenanza podría constituir una maniobra institucional irregular.
Según la denuncia de Gerarduzzi, los delitos contra la administración pública no admiten este tipo de salidas alternativas, ya que el bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento del Estado.
Además, se cuestiona la legalidad de la sesión extraordinaria en la que se aprobó la norma. De acuerdo con la fiscalía, este tipo de convocatorias deben realizarse por motivos urgentes o vinculados a obras públicas, y no para tratar cuestiones relacionadas con procesos judiciales.
Por esa razón, fuentes del caso sostienen que la ordenanza podría ser inconstitucional.
El expediente principal que tiene al intendente como imputado se remonta a una denuncia presentada en 2019 por un exconcejal cercano a su espacio político.
En esa causa se lo acusa de haber utilizado maquinaria y personal municipal en un predio privado ubicado en el departamento Chimbas, lo que derivó en una imputación por presunta malversación de caudales públicos.
El juicio oral por ese caso estaba previsto para el 23 de febrero de 2026, ante un tribunal integrado por los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe. Sin embargo, el debate fue suspendido hasta que se resuelva si el acuerdo aprobado por el Concejo Deliberante tiene validez jurídica.
El pasado 6 de marzo, tras escuchar a las partes, el tribunal decidió postergar la definición y fijó una nueva audiencia para el 20 de marzo, cuando se resolverá si el proceso continúa o si el acuerdo puede ser considerado válido.
Mientras tanto, la nueva denuncia abre otro frente judicial para el intendente de Angaco y para los concejales que respaldaron la controvertida ordenanza. Al igual que la primera causa, la resolución de la Justicia se hace esperar.