La polémica por el vuelo de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo tras conocerse que el viaje a Punta del Este fue financiado por una empresa ligada a un periodista cercano. La información surge de un recibo en poder de la Justicia.
Polémica por el vuelo de Manuel Adorni: un recibo indica que una empresa vinculada a la TV Pública pagó el viaje a Punta del Este.
Polémica por el vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este.
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La polémica por el vuelo de Manuel Adorni suma un nuevo capítulo tras conocerse que el viaje a Punta del Este fue financiado por una empresa ligada a un periodista cercano. La información surge de un recibo en poder de la Justicia.
Según documentación incorporada a la causa judicial, el viaje de ida en avión privado fue abonado por la firma Imhouse S.A., empresa en la que participa el periodista Marcelo Grandio, quien mantiene una relación cercana con el jefe de Gabinete.
El comprobante indica que el pago se realizó mediante transferencia bancaria por $6.984.180, equivalente a 4.830 dólares, a la empresa Alpha Centauri S.A., proveedora del servicio aéreo. La información fue entregada al juez Ariel Lijo, quien encabeza la investigación.
La causa busca esclarecer las condiciones del viaje realizado por Adorni y su familia durante el feriado de carnaval. En ese marco, la Justicia ordenó a la PSA recolectar imágenes y registros del aeropuerto de San Fernando, incluyendo accesos, pista, hangares y zonas cercanas.
Además, se solicitó el detalle completo del vuelo en el avión Honda Jet matrícula LVHWA, así como el listado de operaciones aéreas en el rango horario correspondiente, con el objetivo de reconstruir cada movimiento vinculado al traslado.
El caso se suma a otro episodio reciente vinculado a viajes del funcionario, cuando se generó controversia por la presencia de su esposa en un vuelo oficial hacia Nueva York. En ese contexto, se cuestionó quién financió el traslado y si existieron posibles conflictos de interés.
El propio Adorni explicó que su esposa ya tenía un pasaje comprado, aunque luego se sumó al itinerario oficial. Sin embargo, las dudas sobre los costos y responsabilidades continúan bajo análisis judicial.