La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor del Gobierno de Javier Milei y ordenó que la causa continúe fuera de la Justicia laboral.
La CGT hizo una presentación ante la justicia.
Foto:
La estrategia judicial de la Confederación General del Trabajo (CGT) para frenar la reforma laboral sumó un nuevo revés este martes, luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolviera que la causa contra el Estado Nacional deberá tramitar en ese fuero y no en la Justicia Nacional del Trabajo.
La decisión fue firmada por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, integrantes de la Sala IV, y representa un nuevo respaldo judicial para el Gobierno nacional en uno de los puntos más sensibles de su programa de reformas.
En concreto, el tribunal confirmó la competencia del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 12, que había aceptado la inhibitoria promovida por el Estado. De esta manera, será ese fuero el encargado de continuar con el análisis de fondo sobre la constitucionalidad de la norma cuestionada por la central obrera.
El conflicto se originó cuando el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Capital Humano —conducido por Sandra Pettovello—, solicitó que el expediente dejara de tramitar en la órbita laboral y pasara al ámbito contencioso administrativo. Aunque el planteo había sido inicialmente aceptado por una jueza federal, luego fue rechazado por un magistrado laboral, lo que derivó en la intervención de la Cámara.
En su fallo, los camaristas respaldaron la postura oficial y señalaron que el caso no se limita a cuestiones laborales, sino que involucra aspectos de carácter federal, como la potestad del Congreso para establecer competencias judiciales y la organización del sistema de tribunales.
Además, cuestionaron con dureza el accionar del juez laboral, al considerar que se apartó del procedimiento previsto por la ley. Según indicaron, ese accionar configuró un “procedimiento deformado” que generó demoras innecesarias en un expediente de alta relevancia institucional.
La resolución también ratificó un punto clave para el Gobierno: las leyes que modifican la competencia judicial son de orden público y se aplican de manera inmediata, incluso en causas en trámite, siempre que no afecten actos ya cumplidos. En ese sentido, el tribunal rechazó el planteo de la CGT, que sostenía que los cambios introducidos por la ley 27.802 no podían aplicarse automáticamente.
Asimismo, los jueces remarcaron que la norma cuestionada incluye materias claramente federales, como disposiciones vinculadas al Fondo de Asistencia Laboral y la participación del Estado Nacional, además de su posible impacto en trabajadores de organismos públicos.
El fallo se suma a otra decisión reciente favorable al Ejecutivo, en una causa en la que también intervino el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques.
Con este nuevo escenario, la CGT pierde terreno en su ofensiva judicial: no solo sigue vigente la reforma mientras se resuelven las apelaciones, sino que además deberá litigar el fondo de la cuestión fuera del ámbito tradicional de la Justicia del Trabajo.
El expediente regresará ahora al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 12, donde continuará una disputa que sigue abierta, aunque por el momento con resoluciones favorables al Gobierno nacional.