Con fuerte rechazo de la principal fuerza de oposición, cacerolazos y bajo sospecha porque parece concebida a medida de las urgencias judiciales que complican a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alberto Fernández presentó ayer su proyecto de reforma judicial.

El principal objetivo de la reforma es mejorar el fuero federal, fusionando los doce juzgados criminales con los once de penal económico y duplicando su número de 23 a 46 para dinamizar esta área judicial que se ocupa de los delitos complejos como narcotráfico, trata y corrupción, entre otros. Esto implica que el Gobierno nombrará nuevos jueces para cubrir estas vacantes. Es decir, que el todopoderoso tribunal de Comodoro Py, donde se tramitan las causas federales, verá licuado su poderío con nuevos juzgados.

El proyecto también crea un Consejo Consultivo de juristas. Este comité de expertos que será asesorado por el abogado defensor de Cristina Kirchner en las causas por corrupción, Alberto Beraldi, nace con la idea de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con jueces integrantes de Justicia Legítima, un conglomerado judicial de fuertes raíces kirchneristas.

Este punto, es el principal escollo que ve la oposición que se opone a romper el equilibrio actual de 5 miembros que tiene el máximo tribunal de justicia del país.

En la presentación, del proyecto que enviará al Congreso, Alberto Fernández afirmó que la reforma busca crear nuevos tribunales para mejorar el sistema de administración de justicia.

En el acto, el primer mandatario repasó las intromisiones de la política en la Justicia a lo largo de la historia. En ese sentido, destacó que la iniciativa propone "organizar y mejor la Justicia federal" y que "el poder decisorio no se concentre en poco magistrados", porque eso fue lo que llevó a que ese fuero "se politizara", los procesos "no se desarrollaran con eficacia" y se "manipularan los tiempos en función del clima político imperante".

El jefe de Estado destacó la necesidad de una reforma judicial para que "nunca más" exista "una política que judicializa los disensos", y aseguró que sin un sistema de justicia "independiente del poder político, no hay república y democracia". Asimismo, expresó que el proyecto propone, entre otras cuestiones, un "fortalecimiento de la justicia federal" con la creación de juzgados en las provincias y una "especialización por materia".

Al explicar los alcances de la propuesta, advirtió que será "causa grave de mal desempeño" de sus funciones, más allá de las sanciones administrativas o penales que reciban, que los magistrados no cumplan con las reglas que dispone el proyecto de reforma judicial, entre las que se cuentan que todas las personas reciban trato igualitario y que eviten valerse del cargo para defender intereses privados.

En otra parte de su exposición, el Presidente dijo que durante el Gobierno de Mauricio Macri la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) "quedó en un manto de sospecha" por intervenir en causas judiciales" y "el principio de inocencia en juicio se vulneró".

El acto en la Casa Rosada fue seguido en forma presencial y virtual por legisladores, juristas y académicos pero no asistieron las principales figuras de la oposición. Tampoco entusiasmó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia ya que de los cinco integrantes solo asistió al acto la vicepresidenta del cuerpo, Nora Highton de Nolasco.

Claves del proyecto que irá al Congreso

-Justicia Federal Penal: Se fusionan los 12 juzgados penales federales con los 11 en lo penal económico y se duplican para llegar a 46 tribunales en el nuevo esquema de la Justicia Federal Penal, que estará ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Los juzgados ya existentes conservarán una de las dos secretarías que hoy tienen y la sobrante se asignará a uno de los nuevos juzgados.

-Nuevos magistrados: Se aplicará un sistema de subrogancias para ocupar los nuevos juzgados con intervención de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.

-Juicios en curso:

La reforma en nada afecta el principio del juez natural: la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando".

-Nuevos juzgados, fiscalías y defensorías: Se propone la unificación de las cámaras de apelaciones y la ampliación del sistema de Justicia con la creación de nuevos tribunales orales, fiscalías y defensorías. Los concursos que realice el Consejo de la Magistratura para cubrir las nuevas vacantes se deberán realizar por prueba de oposición oral y pública, con todo el proceso registrado con imagen y sonido para su difusión.

-Transferencia de la competencia penal a la Ciudad: Se transferirá a la CABA la competencia para investigar todos los delitos no federales cometidos en su territorio y así completar la cesión de facultades penales.

-Fusión de fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo: Para evitar los conflictos de competencia que demoran los trámites judiciales se prevé la fusión del fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo.

Corrupción, narcotráfico, trata, etc, en un solo fuero

La reforma judicial que anunció ayer el Gobierno impactará de lleno en la estructura de Comodoro Py, que ampliará el número de juzgados criminales que podrán investigar casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas, pero también contrabando de mercaderías, lavado de activos y evasión empresaria, delitos que hasta ahora eran exclusivos del fuero penal económico. Ambos fueros tienen similar jerarquía, comparten la misma instancia de apelación máxima, la Cámara Federal de Casación Penal y sus Tribunales Orales están en el mismo espacio físico, el edificio de Comodoro Py 2.002, en Retiro.

El fuero federal de la ciudad de Buenos Aires tiene actualmente doce juzgados federales de instrucción en el tercero y cuarto piso de ese edificio serán fusionados con once penales económicos, ocho de los cuales funcionan en Avenida de los Inmigrantes 1.150, a escasos metros, y los tres restantes en Sarmiento 1.118.

En total, en un principio, habría 23 juzgados de instrucción que se ocuparán de los delitos por los que antes cada fuero intervenía de manera separada. Los juzgados penales económicos y federales de instrucción tienen dos secretarías cada uno pero serán separadas para crear con cada una un nuevo juzgado, el número total de juzgados federales unificados será de 46, con lo que haría falta nombrar nuevos magistrados.

Con la renuncia del juez federal Rodolfo Canicoba Corral el fuero federal tiene ya tres vacantes para cubrir: la suya, la que dejó Sergio Torres al ser nombrado en la Suprema Corte bonaerense y la del juzgado federal 11 que estuvo a cargo del fallecido Claudio Bonadio. Ambos fueros, de igual jerarquía, comparten sede física en Comodoro Py para la mayoría de sus Tribunales Orales y tienen la misma instancia máxima de apelación previa a la Corte Suprema, la Cámara Federal de Casación.

Ahora, se unificarán la Cámara Federal y la Cámara Nacional en lo Penal Económico, que cumplen el rol de primera instancia de apelación previa a una intervención de Casación Penal.

La Cámara Nacional en lo Penal Económico tiene dos salas con tres jueces cada una, y la Federal cuenta con dos salas de tres jueces y una de ellas, la sala segunda, tiene dos vacantes. En cuanto a los Tribunales Orales de los dos fueros, la mayoría de ellos funcionan ya en Comodoro Py 2002: el Penal Económico tiene cuatro en el edificio compartido con el fuero federal. Los dos fueros suelen interactuar entre sí ya que muchas veces hay conflictos de competencia vinculados a los delitos a investigarse, como ocurrió en la causa Oil Combustibles, entre la jueza del fuero económico María Verónica Straccia y su par federal Julián Ercolini.