Finalmente, Lázaro Báez volvió a dejar la cárcel de Ezeiza y fue trasladado a un sitio que por ahora se mantiene en reserva para empezar a cumplir el arresto domiciliario.

De acuerdo a lo estipulado por la Justicia, Báez debe usar una tobillera electrónica y presentarse en Tribunales cada 15 días, tal como le había impuesto el juez Sebastián Casanello en marzo de este año, cuando le otorgó la domiciliaria en la causa que investiga la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay.

Luego de cuatro años y cinco meses detenido y tras un fallo favorable del Tribunal Oral Federal 4, el empresario había salido el lunes alrededor de las 8 de la noche, pero unas horas después debió regresar a Ezeiza. Sucede que los vecinos del barrio privado donde iba a comenzar a cumplir el arresto domiciliario, el country Ayres del Pilar, no lo dejaron entrar.

Ese mismo lunes, la Sala IV de Casación había hecho lugar a un recurso interpuesto por la defensa de Báez y le ordenó al TOF 4 que haga efectiva la domiciliaria. En consecuencia, así lo dispusieron los jueces Néstor Costabel, Daniel Obligado y Jorge Luciani, aunque cuestionaron el contenido de esa resolución: “No compartimos las críticas efectuadas por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal a la resolución impugnada, siendo que la opinión de los suscriptos ya ha sido debidamente expresada en la resolución de fecha 4 de agosto pasado, a cuyas consideraciones nos remitimos por cuestiones de brevedad”.

En esa línea, agregó que “no existe otra posibilidad más que hacer efectivo el arresto domiciliario dispuesto por el Juzgado instructor, aun cuando hasta el momento no se ha depositado la caución real fijada”.

Con el fallo a favor, el lunes pasado Lázaro Báez y sus abogados intentaron en tres ocasiones ingresar a Ayres del Pilar, pero los habitantes del barrio privado reaccionaron con piedrazos, huevazos e, incluso, sentándose delante del vehículo para obstaculizar su paso. Por ende, en la noche del miércoles decidieron mantener el nuevo domicilio en secreto, aunque indefectiblemente empezaron a circular distintas versiones.

El primer rumor indicó que el empresario kirchnerista se dirigiría a un departamento ubicado en la calle O’Higgins entre José Hernández y La Pampa, en el barrio porteño de Belgrano. Allí, alrededor de las 21 de este miércoles, vecinos imitaron lo sucedido en la zona norte del conurbano bonaerense y cortaron la calle, expresando su descontento con cacerolas y aplausos.

Más allá de los cantos y las pancartas contra el posible traslado de Báez, un vecino también se encargó de proyectar la leyenda “corrupto” en el edificio que se ubica justo enfrente del que el empesario podría habitar.

Esa manifestación coincidió durante algunos minutos con otros cacerolazos que se registraron en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, luego del anuncio del presidente Alberto Fernández, que decidió quitarle más de 30 mil millones de la coparticipación a CABA por decreto, para solucionar el conflicto desatado con la Policía Bonaerense.

Otra versión señaló que se haría un nuevo intento en Ayres del Pilar, por lo que los habitantes de ese barrio volvieron a concentrarse en el ingreso. Además, las autoridades del lugar habían presentado una nota ante la Justicia, pidiendo que el empresario no cumpla allí su arresto domiciliario: “Es indudable que la estadía del Sr. Báez en Ayres del Pilar rompe con la armonía que caracteriza al barrio, tanto para él como para los vecinos, generando una situación de peligro inmanejable para todos”.

Por último, surgió un rumor sobre la posibilidad de trasladarlo a Pinamar. Lo cierto es que su paradero se mantendrá en secreto.

La interna judicial sobre la libertad de Báez

Todo arrancó el 8 de julio, con un fallo de la Cámara de Casación en la causa conocida como M&P, donde Báez está acusado de una maniobra de lavado de dinero de más de $125 millones. Desde entonces, el TOF venía rechazando sistemáticamente la libertad domiciliaria.

Hace dos semanas, el TOF ratificó que Báez debía pagar una fianza de más de $386 millones para salir de la cárcel de Ezeiza. "Estar a lo dispuesto por este Tribunal el 4 del corriente mes y año con relación al pedido de arresto domiciliario en el marco del legajo no. 3017/2013/TO4/3″, dice esa resolución, donde además fijó el monto de la caución en $386.578.500, siguiendo la pauta que le impuso Casación.

Originalmente, el Tribunal Oral Federal 4 le había fijado una fianza en $635 millones, pero el fiscal Abel Córdoba determinó que se tenía que tomar en cuenta la cotización oficial del dólar y no la del dólar “blue”. La cifra establecida, unos USD 5,5 millones, surgía de la diferencia entre los USD 10.400.000 que se habían depositado en una cuenta de Bahamas a nombre de Kinski SA y el dinero que la Justicia logró congelar, algo más de USD 4,5 millones.

Pese a los rechazos del TOF, la defensa de Báez volvió a apelar argumentando que el empresario integra “al menos cinco grupos de riesgo respecto de la pandemia de COVID-19, circunstancia que, en las condiciones de su detención, se traduce en un mayor peligro para su vida e integridad física”.

El fiscal ante la Cámara de Casación Javier de Luca manifestó que “el plazo legal de la prisión preventiva dictada respecto de Lázaro Antonio Báez se encuentra superado pues el encarcelamiento preventivo ha superado en más de un año el límite legal”.

Báez está detenido desde el 5 de abril de 2016 en Ezeiza, con los plazos máximos de la preventiva ampliamente superados, y está siendo juzgado por “la ruta del dinero K” y la causa de Vialidad. En el primer juicio, su defensa terminó su alegato y buscó despegar a los cuatro hijos del empresario diciendo que eran “víctimas de una persecución”.

El juicio podría tener sentencia antes de fin de año. La Fiscalía pidió que sea condenado a 12 años de cárcel y que pague una multa de $2.121 millones. También habrá decenas de bienes decomisados, siempre que haya condena. El empresario también acumula tres pedidos de penas de entre 8 y 9 años de cárcel de las tres querellas.

Luego, la Sala IV de Casación, integrada por Mariano Borinsky y Javier Carbajo, insistió el lunes pasado en que Báez debía dejar la cárcel. “Los jueces de la instancia anterior se abocaron a decidir acerca de la pertinencia, o no, del arresto domiciliario ya concedido a Lázaro Antonio Báez por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, por resolución que se encuentra firme”.