El Gobierno nacional destinará casi 60 mil millones de pesos al pago de sentencias judiciales por demandas vinculadas al reajuste de haberes jubilatorios, según se contempla en los gastos previstos en el Presupuesto 2019.

Además, el Poder Ejecutivo establecerá nuevos requisitos para que se conceda a los ciudadanos la Pensión Universal para el adulto mayor, que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) otorga a una persona mayor de 65 que no puede acceder al beneficio por carecer de los 30 años de aportes para tener una jubilación.

Estas decisiones figuran en el proyecto de Presupuesto 2019 que se comenzó a debatir el miércoles en comisión en la Cámara de Diputados.

Sobre el pago de sentencias, el Gobierno tiene previsto destinar 49.313.300.000 de pesos al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la Ley Nº 27.260. Además contempla derivar 8.160.346.000 de pesos al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad.

Este monto puede ampliarse ya que se faculta a la Jefatura de Gabinete a realizar reasignaciones presupuestarias, previa intervención del Ministerio de Hacienda.

En cuanto al beneficio que otorga la Anses para las personas que no pueden acceder a la jubilación por carecer de los respectivos aportes, el Gobierno establece ahora que "el goce de la Pensión Universal para el Adulto Mayor es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia".

En la actualidad ese beneficio se podía otorgar a los mayores de 65 que no tengan ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o instituciones provinciales o municipales ni seguro de desempleo. El monto que se percibe es 6.909,70 pesos, equivalente al 80 por ciento de una jubilación mínima y se actualiza en forma trimestral por la Ley de Movilidad. También se prorrogó por diez años las pensiones otorgadas a propuestas de los legisladores, pero con los límites ya establecidos en las normas vigentes de que no pueden tener ingresos superiores a dos jubilaciones mínimas y una vivienda con un valor menor a los cien mil pesos. No se podrá "tener vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el legislador solicitante". Télam