Luego de nueve audiencias presentando evidencias contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el fiscal federal Diego Luciani concluirá este lunes sus alegatos en el juicio oral que investiga el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, a favor del empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos kirchneristas. Pedirá que Cristina sea condenada e inhabilitada a ejercer cargos públicos.
En ese marco, la Vicepresidenta pidió ampliar su declaración indagatoria y así lo informó en sus redes sociales. “He instruído a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, tuiteó.
Y agregó que tomó esa decisión “ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel”. Incluso, dijo que “los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”.
Desde hace varios días, el kirchnerismo duro con La Cámpora a la cabeza, viene anticipando en forma pública que habrá una reacción masiva en el caso de que a la Vicepresidenta la condenen. El latiguillo que inundó las redes sociales con el sello camporista es: “Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar”.
Por su parte, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue las más efusiva en su defensa y convocó a una pueblada para evitar que vaya presa. “No podemos permitir que Cristina sea condenada ni que vaya presa. Hay que hacer una Puebla, es lo único que le va a salvar. Hay que defender la con todo. Nosotros somos la justicia”, afirmó Bonafini en un efusivo mensaje que brindó el viernes durante la entrega del pañuelo blanco al polémico intendente de Pehuajó, Pablo Zurro.
De acuerdo a las acusaciones que se presentaron en el expediente de Vialidad, Cristina Kirchner permitió que Lázaro Báez ganara cerca del 80% de las licitaciones para hacer la obra vial de Santa cruz por más de 46.000 millones de pesos.
Además, Luciani constató que hubo licitaciones fraguadas en las que competían entre sí distintas empresas de Báez, que sólo cumplió a tiempo con dos de las 51 obras que se la adjudicaron, y 24 nunca fueron terminadas.