A sólo una semana de volver a la cúpula del poder en Argentina, la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, se sentará hoy en el banquillo de los acusados para prestar hoy declaración indagatoria en el juicio que la investiga por el supuesto direccionamiento de los contratos de obra pública vial en Santa Cruz durante su gobierno. Y como no podría ser de otra manera, la expresidenta aprovechará la exposición pública para denunciar que es una "perseguida política" del gobierno de Mauricio Macri a quien apuntará con munición gruesa ya que lo acusará de "haber armado esta causa de corrupción conocida como "Vialidad" que la tiene como principal implicada".

La cita está programada para las 9.30 ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, presidido por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, en los tribunales de Comodoro Py.

Con la indagatoria de la expresidenta se cerrará la ronda de declaraciones de los 13 procesados y comenzará la etapa de declaraciones de testigos, que se extenderá hasta mediados del 2020.

El pasado viernes, el tribunal rechazó el pedido de la defensa de Fernández de Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, de transmitir en vivo la declaración con el criterio de que no se habían presentado argumentos "novedosos" como para revertir la decisión adoptada por el tribunal antes del inicio del juicio, que excluía la posibilidad de transmitir en vivo esta instancia.

A sus anchas y arropada por las mieles del poder que volvió a sonreírle, Cristina aprovechará su cita con el Tribunal Oral federal 2 (TOF 2) tratará de desestimar las pruebas que señalan sobreprecios y otras irregularidades en las obras entregadas a Lázaro Báez.

No leerá. "Nunca lo hizo ni cuando inauguraba las sesiones legislativas, menos ahora", señalaron desde su entorno. Será lo más parecido a aquellos discurso plagados de detalles, que brindaba cuando era presidenta de la Nación, pero este será un contexto diferente: declarará por primera vez en un juicio por corrupción donde se la acusa de ser jefa de una asociación ilícita, nada más ni nada menos.

El juicio que inició el 21 de mayo, tiene a trece imputados entre ellos a la expresidenta, a Julio De Vido, Lázaro Báez, José López, Carlos Kirchner, entre otros, quienes están siendo juzgados por el direccionamiento de la obra pública a favor del empresario K.

La electa vicepresidenta, a ocho días de asumir, se defenderá ante una audiencia que promete ser concurrida.

Al menos dos los ejes de su defensa, confiaron allegados a la expresidenta. Por un lado, hará énfasis en el componente político donde reiterará que fue víctima de una "persecución política y descarada" como dijo en su escrito cuando fue procesada en esta causa. Siempre apuntó a Mauricio Macri, quien montó "una campaña permanente y sistemática de descrédito", también como ya planteó. En su alegato, podría referirse a su latiguillo del "lawfare" (guerra judicial).

En reiteradas ocasiones, Cristina Kirchner señaló que las causas judiciales en su contra buscaban "tapar la crisis económica" del gobierno de Cambiemos. A la fecha acumula siete causas elevadas a juicio oral, más de nueve procesamientos (siete por corrupción) y cinco pedidos de prisiones preventivas.

La acusación en su contra, en este caso, sostiene que fue jefa de una asociación ilícita, "junto con otros funcionarios (...) y Lázaro Báez" que tenía por objeto "sustraer y apoderarse ilegítimamente de fondos públicos asignados, a la obra pública vial en Santa Cruz, a través de la defraudación al Estado y el lavado de dinero". La cifra por los 51 contratos que recibió el empresario K, asciende a $46.000 millones.

Sin convalidar ninguno de los planteos, siempre desestimó la realización del juicio, donde se señaló que en su rol de Presidenta, "continuó con la dirección, ejecución y subsistencia de la matriz de corrupción en la obra pública vial" que "inició con Néstor Kirchner" en el 2003.

Hace semanas, la exmandataria prepara su descargo, en base a los escritos presentados en este expediente. Su defensa había solicitado la nulidad del juicio y de las acusaciones, pidiendo que todo se remita a Santa Cruz, donde Lázaro Báez debía ejecutar las obras.

Se argumentó que los hechos ya fueron investigados en el sur y que se estaba ante un "doble juzgamiento".

- En una sala que vio varias condenas K

El TOF 2 ordenó una auditoría sobre 5 casos testigos. Para los peritos oficiales hubo sobreprecios de U$S 200 millones. Cristina Kirchner ya dijo que no favoreció a Báez, ni que fue el que más obra pública recibió. Y continúa sosteniendo que no sólo no existieron sobreprecios sino que en la causa se buscó "enjuiciar políticas de Estado" en relación a las partidas presupuestarias y la planificación de obra pública. Hoy, muchos de estos planteos volverán a oírse.

Cristina declarará en la Sala AMIA, la misma en la que Amado Boudou escuchó la condena en su contra por la compra de la ex Calcográfica Ciccone, y también donde Julio De Vido fue sentenciado a cinco años y ocho meses, por administración fraudulenta en la Tragedia de Once, declarará en un caso de corrupción.