Oscar Thomas, exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, central hidroeléctrica construida por Argentina y Paraguay, fue detenido ayer en Buenos Aires tras un mes y medio prófugo, en una causa por presuntos millonarios sobornos de empresarios a funcionarios durante los gobiernos kirchneristas.

Según confirmaron a la agencia de noticias Efe fuentes del Ministerio de Seguridad, que había ofrecido una recompensa de 500.000 pesos (12.580 dólares) para dar con Thomas, el arresto fue en un apartamento del porteño barrio de Recoleta (ciudad de Buenos Aires).

Fue detenido por el Comando Unificado de Recaptura de Evadidos (CUFRE), que se encuentra bajo la órbita de la Secretaría de Seguridad de la Nación. La captura se produjo tras un llamado al 134, la línea que habilitó el Ministerio de Seguridad para brindar datos sobre la corrupción. La pista llevó al CUFRE hasta un edificio de Uriburu 1044, Recoleta, donde se procedió a la detención del exfuncionario kirchnerista.

Una vecina dio el alerta, por lo que cobraría 500 mil pesos como recompensa por haber dado una pista certera sobre esta causa. Además, según contó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ella recibió un mensaje de WhatsApp a su propio celular.

"La persona que llamó al 134 sí la pidió. En principio creemos que le corresponde porque dio el dato concreto que nos permitió llegar a Thomas. Se llegó al domicilio concreto con toda la información concreta", relató Bullrich.

Thomas fue trasladado, apenas pasado el mediodía, desde el edificio de la calle Uriburu a la división Alcaidía de drogas de la Policía Federal, de la Ciudad de Buenos Aires.

El empresario figura en varios de los cuadernos redactados por Oscar Centeno, el exchofer del Ministerio de Planificación Federal que durante todo el periodo kirchnerista (2003-2015) anotó con

detalle cómo recogía de forma cotidiana bolsos con dinero de diversos lugares de Buenos Aires para repartirlos entre altos funcionarios.

Thomas dirigió durante más de una década el sector argentino de la entidad binacional (Argentina y Paraguay) encargada de la gestión de Yacyretá, la gran central hidroeléctrica construida por los dos

países en la frontera, una de las principales empresas generadoras de energía eléctrica de América Latina.

Por este caso, el juez Claudio Bonadio tomó declaración de 51 personas -varias de ellas en carácter de arrepentidas-, entre empresarios y exaltos cargos, y procesó este lunes a más 40, entre ellas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), de quien pidió su detención, que de momento no se producirá por ser senadora y tener fueros.

Fernández es señalada en el expediente como la "jefa" de una asociación ilícita montada para recaudar coimas de empresarios de la obra pública, que buscaban ser favorecidos con contratos. Actualmente, Thomas, de cuyo paradero se han filtrado múltiples versiones a la prensa, era el único prófugo que quedaba, por lo que pesaba sobre él en Interpol una orden de detención internacional. En el auto de procesamiento, Bonadio relata la supuesta responsabilidad de cada uno de los imputados.

De Thomas especifica que realizó durante años múltiples pagos al exsecretario de Coordinación y Gestión del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, ya detenido y considerado uno de los

organizadores de la asociación delictiva. Entre los procesados, además de Fernández, el exministro Julio de Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, hay importantes hombres de negocio, como Juan Carlos Lascurain, extitular de la Unión Industrial Argentina -la mayor patronal del país-; Aldo Benito Roggio, dueño del grupo Roggio, y el empresario de la construcción Ángel Calcaterra, primo del presidente argentino, Mauricio Macri.


 

En Misiones
 

Antes de detener a Oscar Thomas, se realizaron allanamientos en Misiones, su ciudad natal, y en Uruguay. El juez federal Claudio Bonadio había emitido una alerta roja de Interpol para la captura internacional del empresario. Fue titular de Ebisa, firma que controlaba la marcha de diferentes proyectos hidroeléctricos

Esperando el juicio para 2019

El ministro argentino de Justicia, Germán Garavano, confió ayer en que el primer semestre del próximo año comience el juicio por la causa en la que se investiga si se produjeron millonarios sobornos de parte de empresarios a funcionarios de los gobiernos kirchneristas (2003-2015).

"Uno podría estimar que en el primer semestre del año que viene sería un tiempo razonable para que estos casos estén en juicio", señaló Garavano en declaraciones a la prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo en Buenos Aires, tras la habitual reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri.

El ministro señaló que en el encuentro presentó un informe sobre la resolución emitida este lunes por el juez Claudio Bonadio, en la que procesó con prisión preventiva, entre otros, a la expresidenta

Cristina Fernández de Kirchner, a quien señala como "jefa" de una asociación ilícita montada para recaudar coimas de empresarios. Sin embargo, por el momento no será detenida por ser senadora y estar aforada.

"Expliqué la resolución que está publicada. Los alcances y los pasos siguientes, porque probablemente muchas de las partes recurran esa decisión", añadió Garavano, quien reiteró que la visión de su Ministerio es alertar de la necesidad de que estos casos lleguen a la fase de juicio oral, que es donde el fiscal debe demostrar "que una persona es culpable".

Es así que estimó que el caso llegue a la vista oral el año próximo, pero destacó que esto dependerá de cuánto se demoren las apelaciones. Consideró que hay que tener en cuenta que hay personas "privadas de libertad" por estar en prisión preventiva, y Argentina tiene "compromisos" internacionales y nacionales respecto a la duración de este tipo de arrestos sin condena. Destacó la "preocupación" respecto a la búsqueda del dinero "que habría sido objeto de esos delitos", para que pueda volver al Estado "para aquellos que más lo necesitan".