La Cámara Federal porteña benefició ayer con falta de mérito y ordenó la inmediata libertad del exministro de Planificación Julio De Vido en la causa por la compra de gas licuado. Aunque el exfuncionario de la era kirchnerista seguirá detenido con prisión preventiva por otra investigación de corrupción, la del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT).

A partir de esta resolución de la sala I del Tribunal de Apelaciones, con voto dividido, se espera que quede en libertad por estas horas el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de ese ministerio en la gestión de De Vido, Roberto Baratta, según el fallo.

Considerado la mano derecha de Julio De Vido, Baratta está procesado en otras dos causas penales por corrupción: una por defraudación en Yacimientos Carboníferos Río Turbio y la otra por gastos irregulares en Planificación, pero en ambos casos sin prisión preventiva.

Cada barco con gas licuado tenía un valor aproximado de 30 millones de dólares.

Su falta de mérito quedó firmada por parte de los camaristas Jorge Ballestero y Martín Irurzun, con el desacuerdo de Leopoldo Bruglia. En octubre pasado, Baratta había sido trasladado a la cárcel de Marcos Paz por orden del juez del caso, Claudio Bonadio.

El caso de De Vido es diferente porque fue detenido en otra causa penal acusado por una multimillonaria defraudación con desvío de fondos para la reconversión de YCRT en Santa Cruz y en esa pesquisa tiene confirmado su procesamiento con prisión preventiva por parte de la Cámara Federal.

Los camaristas Martín Irurzun y Jorge Ballestero, con disidencia de Leopoldo Bruglia, dictaron falta de mérito para 24 procesados por el juez federal Claudio Bonadio, entre ellos De Vido, Baratta, el exsecretario de Energía, Daniel Cameron; Roberto Dromi y su hijo José Roberto Dromi, responsables de la empresa investigada "Dromi San Martino Consultores SA" y exfuncionarios de Enarsa.

En el fallo los camaristas cuestionaron duramente una pericia del ingeniero David Cohen y criticaron a Bonadio por haberla usado como prueba fundamental a la hora de detener a Baratta y De Vido y procesar a todos los imputados. Además le ordenaron realizar una nueva pericia de manera urgente.

En la investigación -abierta por denuncia de un particular, Juan Ricardo Mussa, como presidente de la ONG "Paso por Paso Argentina"-, se apunta a la compra de cinco millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) entre 2008 y 2015, que arribaron a los puertos de Bahía Blanca y Escobar. Según la denuncia se habrían pagado precios superiores a los de mercado con un perjuicio económico para el Estado calculado en 6.995 millones de dólares.

Bonadio había procesado a todos por defraudación contra la administración pública con embargos de 1.000 millones de pesos que también fueron revocados.

En el período investigado (2008-2015) llegaron al país 497 barcos con GNL: 232 amarraron en Bahía Blanca y 265 en el puerto de Escobar. Cada barco tenía un valor aproximado de 30 millones de dólares. Télam