El Senado convirtió ayer en ley el proyecto que busca limitar las jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y personal del servicio exterior, en una votación en la que el oficialismo se impuso con 41 votos al rechazo de 21 opositores.

Tras casi seis horas de debate, el oficialista Frente de Todos consiguió aprobar el proyecto con el respaldo de tres senadores de bloques minoritarios; en tanto que la oposición, encabezada por Juntos por el Cambio, cuestionó el proyecto y votó en contra.

La ley que deberá promulgar el presidente Alberto Fernández sube del 12% al 18% los aportes de estos regímenes especiales y establece el haber jubilatorio en el 82% del promedio de los 120 últimos salarios de jueces y diplomáticos; establece la suba gradual de la edad requerida para realizar el trámite hasta llegar a 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. La modificación no cuenta para el servicio exterior, ya que la actual legislación establece ya 65 años como edad de jubilación.

El rionegrino Alberto Weretilneck, la riojana Clara Vega y la misionera Magdalena Solari Quintana fueron quienes votaron junto al oficialismo; en tanto que, además de Juntos por el Cambio, lo hicieron en contra la neuquina Lucila Crexell y el santafesino Carlos Reutemann.

En el inicio del debate, el miembro informante del oficialismo, el senador por La Pampa Daniel Lovera, declaró que "no se busca eliminar el carácter diferencial del régimen" sino que "sea consecuente con el esfuerzo que se hace a nivel general para una distribución de los recursos más equitativa". "Este proyecto debe ser analizado de manera integral, y con mirada solidaria y en el contexto tremendamente complejo en el que se encuentra hoy nuestro país", explicó Lovera, quien es además presidente de la comisión de Trabajo del Senado.

El senador señaló que "estos regímenes especiales tienen un déficit importante" y consideró que el "sistema previsional pasó de ser un sistema solidario a ser un sistema tremendamente injusto", ya que existe "una gigantesca asimetría".

Por Juntos por el Cambio, el senador Martín Lousteau explicó la postura de su bloque al considerar que el proyecto "no es para eliminar privilegios". "Algunos regímenes especiales pueden estar justificados y otros tienen que ver con incentivos; pero en virtud de la enorme diferencia que hay en el tratamiento con respecto a los jubilados de a pie, vale la pena evaluar lo que pasa en nuestro sistema", agregó el radical.

En ese sentido, Lousteau consideró que "este proyecto no es para eliminar privilegios, sino para esconder la barbaridad que se hizo en Diputados de tratar de preservar a jueces y diplomáticos de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria". En el cierre del debate, el presidente de la bancada radical consideró que "lo de lo jueces, los diplomáticos y el tema previsional es una excusa, porque el fin de este proyecto es otro: esto es gatopardismo, cambiar para que nada cambie".

La oficialista Anabel Fernández Sagasti consideró que "se está dando un paso importante, muchas veces postergado, sobre dos sectores privilegiados que aportan un uno por ciento más y reciben jubilaciones 13 veces más altas que el resto de los argentinos".

Télam

• Medidas por el coronavirus

El Senado anunció que para reducir "al máximo la aglomeración" restringirá el acceso de personas a las comisiones y sesiones. Además, suspenderán provisoriamente los eventos programados para marzo.

"Solo los senadores podrán asistir a las reuniones de comisión, en tanto los colaboradores y/o asesores de los mismos podrán realizar el seguimiento a través del canal interno o vía web", planteó la secretaria administrativa del Senado, María Luz Alonzo, en una resolución emitida ayer con el fin de evitar la propagación del coronavirus.

La sesión ayer ya tuvo medidas especiales: se impidió ingresar a los palcos a periodistas y asesores. Sólo pudieron ingresar al recinto los senadores y fotógrafos. "Para reducir lo más posible la agrupación de gente", señalaron desde prensa de la Cámara.

Las autoridades de la Cámara de Diputados informaron que el Sistema de Administración de Personal (Sarha) procesó información de 757 empleados y empleadas que habían estado de vacaciones en los últimos 30 días. Al menos 55 viajaron al exterior (Chile, Brasil, Uruguay, España, Estados Unidos y Colombia) y de ese total, a 28 se les indicó "licencia profiláctica".