Fiscales de Argentina y Chile alertaron por redes criminales que aprovechan pasos clandestinos y zonas poco pobladas de la Patagonia para mover mercadería, dinero y otros recursos.
Crimen organizado en la Patagonia alerta a Argentina y Chile
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La extensa frontera que une a Argentina y Chile en la Patagonia quedó bajo una atención creciente de las autoridades judiciales y de seguridad. El motivo es el avance de estructuras de crimen organizado capaces de moverse de un país a otro aprovechando kilómetros de territorio poco poblado, pasos clandestinos y una geografía que dificulta mantener controles permanentes.
La preocupación llegó este jueves a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Chile, que sesionó en Punta Arenas para analizar específicamente el crimen organizado, las rutas marítimas y la seguridad estratégica en el extremo sur. Entre los invitados estuvieron el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, y el fiscal argentino Julio César Zárate, además de representantes policiales, militares y diplomáticos.
Durante el encuentro, los fiscales coincidieron en que el fenómeno ya no puede ser abordado únicamente desde cada jurisdicción. Las organizaciones pueden trasladar mercadería, dinero y recursos a través de la frontera y aprovechar las diferencias en los tiempos de respuesta y las herramientas disponibles en cada país. Zárate sintetizó ese desafío con una advertencia: “La velocidad del delito es mucho mayor que la velocidad del Estado”.
Una de las principales vulnerabilidades está en las características propias del territorio. En determinados sectores de la Patagonia, la frontera no cuenta con grandes barreras naturales y atraviesa zonas rurales, estancias y áreas con escasa población. Ese escenario permite que existan movimientos por lugares distintos de los pasos internacionales habilitados.
No se trata solamente de una hipótesis. Una investigación conjunta desarrollada durante los últimos años por los ministerios públicos de Argentina y Chile permitió reconstruir el funcionamiento de una presunta organización que habría utilizado pasos fronterizos no habilitados en las zonas de Río Turbio y 28 de Noviembre, en Santa Cruz.
Según la investigación argentina, la red utilizaba además El Calafate, Río Gallegos, Puerto San Julián y Bahía Blanca como puntos de apoyo, mientras que del lado chileno aparecían Puerto Natales y Punta Arenas. Parte de la mercadería habría atravesado el límite internacional mediante estancias privadas ubicadas estratégicamente cerca de la frontera.
Los investigadores describieron una logística que incluía empresas de transporte, vehículos de distintos portes y sociedades comerciales. La pesquisa alcanzó presuntas maniobras de contrabando de cigarrillos, neumáticos, divisas y estupefacientes, además de lavado de activos; el objeto de aquella investigación también fue ampliado para analizar posibles hechos de trata de personas y tráfico migratorio.
En abril de este año, la fiscalía argentina apeló una resolución judicial relacionada con esa causa. El juez había procesado a 10 de los 21 imputados, principalmente por contrabando agravado y encubrimiento, mientras que dispuso sobreseimientos y faltas de mérito respecto de otras figuras investigadas. Esto es importante porque varias de las acusaciones continúan sometidas a discusión judicial y no constituyen condenas firmes.
Uno de los focos que más inquieta a los investigadores es el contrabando de cigarrillos. Las autoridades chilenas advierten que los recursos generados por mercados ilegales pueden alimentar posteriormente otras actividades criminales, por lo que plantean que no alcanza con detener personas: también es necesario seguir el dinero y atacar los bienes que sostienen a las organizaciones.
Durante 2025, en Magallanes fueron incautadas más de 600.000 cajetillas de cigarrillos, mientras que las investigaciones por narcotráfico y contrabando tienen vinculados más de 120 vehículos, entre ellos unidades de alta gama, según los datos expuestos por las autoridades y recogidos por ADNSUR.
Hay antecedentes que muestran la dimensión que puede alcanzar este negocio. En 2023, una investigación coordinada entre la Fiscalía de Magallanes, la Policía de Investigaciones y la Aduana chilena terminó con 21 detenidos y el secuestro de cerca de 80.000 cajetillas de cigarrillos, 14 vehículos y un camión con acoplado. Los imputados fueron formalizados en Chile por delitos que incluían asociación criminal, lavado de activos, contrabando y receptación aduanera.
Otro indicador mencionado durante el debate de esta semana fue el crecimiento de los delitos relacionados con armas. De acuerdo con la información presentada por las autoridades de Magallanes, las causas asociadas a la Ley de Armas aumentaron más de 200% entre 2023 y 2026.
Las cárceles también aparecen dentro del análisis. Las autoridades chilenas señalaron que Magallanes tiene alrededor de 625 personas privadas de la libertad y plantearon la necesidad de evitar que los establecimientos penitenciarios funcionen como centros desde donde las organizaciones puedan mantener o reorganizar sus operaciones.
El análisis excede la frontera terrestre. La Comisión de Seguridad Pública chilena incluyó expresamente entre los temas de estudio las rutas marítimas, los riesgos estratégicos del Estrecho de Magallanes y las investigaciones penales vinculadas al territorio antártico. También fueron invitados representantes diplomáticos de Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido.
El incremento de la circulación de embarcaciones por el Estrecho plantea nuevos desafíos de vigilancia. Sin embargo, las propias autoridades marítimas chilenas introdujeron una aclaración importante: hasta ahora no detectaron organizaciones dedicadas al traslado de grandes cargamentos de droga hacia mercados internacionales utilizando esas rutas.
Sí existen procedimientos vinculados con otros delitos. Entre los antecedentes expuestos figura el secuestro de 56.000 cajetillas de cigarrillos en una embarcación en Bahía Azul, Tierra del Fuego, lo que refuerza la preocupación por la utilización de rutas marítimas para el contrabando.
Por eso, el escenario requiere una lectura cuidadosa: las autoridades advierten sobre condiciones que pueden ser aprovechadas por el crimen organizado y existen redes transfronterizas concretamente investigadas, pero eso no significa que toda la Patagonia esté controlada por grandes carteles ni que exista una única estructura criminal dominando la región.
La inquietud por las organizaciones que atraviesan fronteras ya provocó movimientos políticos regionales. En mayo, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Perú firmaron el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con el objetivo de fortalecer la coordinación fronteriza, el intercambio de inteligencia y el seguimiento del dinero proveniente de actividades ilícitas.
El acuerdo prevé un grupo de trabajo encargado de elaborar un plan conjunto y contempla acciones en inteligencia financiera y tributaria, trazabilidad de fondos, control fronterizo y cooperación entre policías, fiscalías, aduanas y organismos migratorios.
La experiencia en Santa Cruz y Magallanes ya mostró por qué esa coordinación resulta determinante. En agosto de 2023 se realizaron 46 allanamientos simultáneos en ocho ciudades argentinas, mientras que en Chile hubo otros 22 procedimientos dentro de una investigación conjunta contra una presunta organización de alcance transnacional.
El desafío que ahora plantean fiscales y organismos de seguridad es evitar que la enorme extensión territorial, los pasos clandestinos y las rutas marítimas se transformen en ventajas permanentes para esas estructuras. La señal de alarma no apunta solamente al narcotráfico: contrabando, lavado de dinero, armas y tráfico de personas forman parte de un entramado que obliga a Argentina y Chile a mirar la Patagonia como un mismo escenario operativo para el crimen organizado.
Fuente: La Prensa Austral
