El juicio oral a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros doce imputados por la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 tendrá veredicto el próximo martes, con reclamos de absolución por inexistencia de delito por parte de las defensas y de condenas de hasta 12 años de cárcel desde la fiscalía.

La Vicepresidenta y el empresario dueño de la firma "Austral Construcciones" Lázaro Báez enfrentan un pedido de 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso prevén dar a conocer la sentencia el próximo martes por la tarde en la llamada "causa Vialidad", bajo la misma modalidad semipresencial que tuvo el juicio desde que se reanudó tras pasar casi medio año suspendido por la pandemia de coronavirus. Es decir, ellos estarán junto al secretario del TOF2 Tomás Cisneros en una de las salas de audiencias de la planta baja de Comodoro Py 2002 y se conectarán a la plataforma Zoom al igual que el resto de las partes que participan del juicio de manera remota.

Para el veredicto tendrán que estar conectados a la audiencia todos los acusados.

El juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor de empresas de Báez comenzó en mayo de 2019 en los tribunales federales de Retiro, estuvo seis meses interrumpido por la pandemia y se reanudó de manera virtual en agosto de 2020, sin recuperar nunca la presencialidad plena. A lo largo de más de tres años y medio, el Tribunal escuchó a 114 testigos en 117 audiencias donde se debatió la denuncia que presentó el extitular de Vialidad Nacional en el macrismo, Javier Iguacel, vinculada a irregularidades en 51 obras públicas viales adjudicadas a empresas de Báez en Santa Cruz.

Los fiscales pidieron que se condene a 12 años de prisión a la expresidenta como supuesta jefa de asociación ilícita y administración fraudulenta. Para Báez, la fiscalía reclamó también 12 años de prisión como presunto autor de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada.

Los fiscales reclamaron también la "inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos". Es la pena más alta pedida por los acusadores mientras que la defensa de la exmandataria reclamó la absolución y denunció que la fiscalía cometió "prevaricato", al acusar por hechos "inexistentes" e incurrir en "falsedades".

El veredicto podrá ser apelado ante la Cámara Federal de Casación, una vez que se conozcan sus fundamentos, por lo cual no se tratará de una sentencia firme y su cumplimiento quedará sujeto a una futura decisión del máximo tribunal penal federal del país.

En la última audiencia de esta semana, la Vicepresidenta hizo uso de su derecho a hablar en sus palabras finales ante los jueces y sostuvo que el Tribunal es un "pelotón de fusilamiento" que tiene sentencia "escrita" por hechos "inexistentes", como parte de una "actividad disciplinadora" para "estigmatizar a un espacio político". "Cuando hablé de "lawfare" fui muy generosa, si dije que este era el tribunal del lawfare, después de todo lo que me tocó vivir, este tribunal es un pelotón de fusilamiento", advirtió.

La Vicepresidenta fue víctima de un intento de magnicidio el 1 de septiembre último, días después de conocerse el pedido de pena fiscal y en medio de manifestaciones en apoyo a su persona en las inmediaciones de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta. El ahora detenido Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a metros de su cabeza pero la bala no salió. Cuatro días más tarde, el juicio se reanudó con los alegatos de las defensas.

• ATE confirmó paro si condenan a CFK, pero sin "pueblada"

El Frente de Todos debate por estas horas cómo va a acompañar a Cristina Fernández de Kirchner el martes cuando el tribunal que la juzga por corrupción emita la sentencia en la causa Vialidad. Pero un gremio ya picó en punta al anunciar un paro aunque negó que se planteen "paralizar" el Estado, especialmente la Ciudad de Buenos Aires en represalia por una supuesta condena de la Vicepresidenta.

Daniel "Tano" Catalano, titular de la Seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), confirmó que si es condenada irán a un paro, adelantó una vigilia en el gremio, pero se atajó: "Nunca hablé de pueblada".

"Es difícil pensar que tomos somos iguales ante la ley cuando venimos teniendo distintas experiencias en donde se han vulnerado derechos de ciudadanos. Es algo que tenemos que asumir, cuando la CIDH estuvo en nuestro país y determinó irregularidades en distintos casos, no somos todos iguales ante la ley", remarcó Catalano ayer.

Y consultado sobre una posible movilización, Catalano confirmó: "Nunca hablé de una pueblada, en el caso de ATE Capital lo que planteamos es que en el caso de que haya una condena llevar adelante un paro".

"Hay una arbitrariedad con la que se está juzgando a la vicepresidenta. Notificamos al ministerio de Trabajo de la Nación y a la secretaria de empleo de la Ciudad de Buenos Aires de que en el caso de que haya una condena vamos a hacer una medida de fuerza", señaló Catalano en diálogo con el programa "Sábado tempranísimo" de radio Mitre.

"El martes vamos a hacer una vigilia en nuestro sindicato para escuchar el fallo y después hay que esperar 20 días para escuchar los fundamentos de la condena", agregó.

Y dio su justificación sobre la medida de fuerza: "No tengo forma de vulnerar un fallo judicial pero lo que tengo es la posibilidad de generar una instancia de protesta frente a una situación que nosotros evaluamos como injusta y que atenta contra una democracia que viene con muchos dolores".

En La Cámpora y en el Instituto Patria señalan que no hay planes para salir a la calle para respaldar a la expresidenta. "No hay nada previsto", afirman.