La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió ayer que "si se toma la calle va a haber consecuencias", al presentar "un protocolo para el mantenimiento del orden público" que incluye la identificación de quienes corten arterias, financien las protestas, trasladen a los manifestantes y usen como escudos a los niños.

La aplicación de las leyes que promete Bullrich contempla hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.

"Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple", dijo Bullrich durante una presentación del protocolo.

La funcionaria indicó que si hay un delito flagrante "cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario" podrán intervenir "de manera inmediata" de acuerdo con "los códigos procesales vigentes" y que utilizarán "la mínima fuerza necesaria y suficiente", la cual será "graduada en proporción a la resistencia" que se oponga.

"Serán determinados los delitos hasta una nueva ley que se va a presentar a corto plazo de acuerdo al artículo 194 del Código Penal", agregó. Ese artículo establece que "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años".

Bullrich remarcó que el Gobierno tiene "una decisión tomada" de que "la forma de pedir o buscar un beneficio social" ya no es "por la vía del corte". "Sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda ir a trabajar y vivir en paz", señaló.

En ese sentido, recalcó que las fuerzas federales "van a actuar hasta que quede totalmente liberado el espacio de circulación" y que "si se corta la vía principal, se libera la vía principal" sin importar que exista "una vía alternativa". "Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos", añadió, y resaltó que "se van a identificar a los conductores y a los vehículos utilizados".

La funcionaria agregó que "se va a trabajar" en las estaciones de tren y ante aquellas personas que "vayan con palos, caras tapadas".

"En el caos de participación de niños se le va a dar aviso a la autoridad competente y se procederá a sancionar a los que lleven niños para que no estén en las manifestaciones cuando tienen que estar en la escuela". También planteó que "se va a crear un registro de las organizaciones que participan" en cortes de la vía pública, y remarcó que "enviará la factura" a las organizaciones o individuos responsables por todos "los costos vinculados a los operativos de seguridad".

"El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos", advirtió. Por último, aclaró que "toda persona que esté en la vereda y no corte calles o rutas no va a tener ningún problema".

8.000 piquetes por año

Además de casi 200% de inflación, cerca de 50% de pobreza y un dólar a 1.000 pesos, el 2023 cerrará con otro número sintomático: culminará con unos 8.000 piquetes en todo el país. La cifra, aunque escalofriante, resulta menor a los casi 9.000 cortes del 2022.

Un guiño para el PJ cordobés 

El ministro del Interior, Guillermo Francos, recibió ayer al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en un encuentro en el que ambos funcionarios calificaron como "positivo" y durante el cual analizaron la situación de la provincia y el contexto a nivel nacional. Así, el flamante mandatario cordobés se convirtió en el primer gobernador en pisar la Casa Rosada en la era Milei.

La reunión se realizó en el despacho de Francos y se extendió por una hora y 20 minutos, informaron fuentes de la cartera.

Francos destacó las coincidencias con Llaryora, ya que "en líneas generales, la provincia de Córdoba se encuentra en la misma sintonía que el Gobierno nacional en lo relativo a la necesidad de la reducción del gasto público".

"Durante la reunión, el gobernador Martín Llaryora nos manifestó su acompañamiento, en el marco del inicio de esta relación institucional con la provincia de Córdoba", añadió el titular de Interior.

¿Chau a la Ley de Abastecimiento?

El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, se reunió ayer con autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), a quienes les adelantó su decisión de derogar la Ley de Abastecimiento, que se enmarca en la vocación desregulatoria del Gobierno.

En la reunión, se transmitió a la entidad industrial la decisión de avanzar en la derogación de la Ley 20.680, sancionada el 20 de junio de 1974 y modificada en 2014, que regula "la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, que satisfaga -directamente o indirectamente- necesidades comunes o corrientes de la población".

La norma autoriza a la Secretaría de Comercio a "imponer sanciones (...) frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios". Además, el Estado tiene la potestad de fijar precios máximos, mínimos y de referencia, y márgenes de utilidad (es decir, lo que pueden ganar las empresas por cada producto o servicio).