El juez federal Claudio Bonadio envió ayer a juicio oral a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a exfuncionarios como los detenidos Julio De Vido y José López y empresarios en una investigación derivada del caso cuadernos, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública.


Con el expediente principal del caso cuadernos elevado a juicio oral, Bonadio dio por clausurada la instrucción del tramo que investigó el circuito de sobornos que vinculados a la Cámara de la Construcción. Y remitió la causa a sorteo de un Tribunal Oral con un total de 52 acusados.


Entre los procesados están la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, el extitular de Planificación Federal Julio De Vido y el de Obra Pública José Lopez. También empresarios de la construcción como Juan Chediack, Carlos Wagner, Aldo Roggio, Angel Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero y Gerardo Ferreyra.Además serán juzgados en esta parte del caso Cristóbal López, Fabián De Sousa y su hermano Osvaldo.


Los mencionados fueron procesados luego de que Wagner, extitular de la Cámara de la Construcción, fuera aceptado como imputado colaborador y aludiera a un sistema que habría funcionado durante la gestión kirchnerista para la adjudicación irregular de obra pública mediante el pago de "sobornos".


Los pagos se hacían en dos lugares claves: la Quinta Presidencial de Olivos o el departamento" de Cristina en el barrio de Recoleta.


"Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados", sostuvo el fiscal del caso Carlos Stornelli al pedir el envío a juicio de la causa el mes pasado.


Cuando la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos dispuestos por el juez, dio por corroborada la intervención de los funcionarios imputados respecto "a un acuerdo previo y a la división de tareas, con un claro dominio funcional del hecho", para una distribución de la obra pública.


En aquella resolución, Bonadio afirmó que "se trata de una maquinaria de corrupción que, a nivel nacional, se instaló desde el comienzo mismo de la presidencia de Néstor Carlos Kirchner, permaneciendo enquistada en nuestra República Argentina, sin solución de continuidad, durante más de doce años".


Todo funcionó desde el área del Ministerio de Planificación Federal "por indicaciones del Presidente Néstor Kirchner y luego mantenido en el tiempo por la Presidente Cristina Fernández, se organizó un esquema de recaudación ilegal de dinero, a través del cual se procedió a digitar la adjudicación de las licitaciones de las obras públicas civiles", determinó el juez, quien remarcó que las empresas que resultaban beneficiadas con aquella asignación, como contrapartida, "debían entregar una suma de dinero que ingresaba a las arcas de la asociación".


Para determinar cómo funcionó la cartelización de la obra pública, se trazó una serie de responsabilidades, que alcanzó a De Vido, José López, Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara de la Construcción), Ernesto Clarens (financista) y a las autoridades de Vialidad Nacional .


La causa principal por los "Cuadernos de las coimas' del remisero Oscar Centeno ya fue elevada a juicio oral, y quedó a cargo del Tribunal Oral Federal 7.

 

Máximo, a salvo

La jueza federal María Servini sobreseyó ayer al diputado nacional Máximo Kirchner, al ministro del Interior, Eduardo de Pedro y al diputados Andrés Larroque, entre otros, en una investigación por supuestos delitos electorales derivada de la causa por los "cuadernos de la corrupción" y archivó la causa.