La Justicia en lo Comercial Nº13 ordenó un operativo judicial en la sede de Madres de Plaza de Mayo en Congreso, a raíz del proceso de quiebra de la fundación que dirige Hebe de Bonafini. La medida tenía la finalidad de confeccionar un inventario de bienes, sin embargo, tras la intervención de militantes no pudo concretarse.

Un abogado de la Sindicatura fue quien llegó al lugar para buscar documentación. Pero terminó retirándose en medio de insultos y empujones, custodiado por personal policial.

"No me dejaron entrar, pero bueno es gente muy nerviosa que no sabe qué estamos haciendo. No nos íbamos a llevar nada", afirmó ante la prensa el letrado Daniel Truffat. Y aseguró que la Sindicatura "no tenía autorizado llevarse nada", por lo que se detuvo "la diligencia" judicial.

Tras conocida la decisión judicial, militantes se convocaron a la puerta del lugar para solidarizarse. Desde la fundación emitieron un comunicado denunciando la "persecución política judicial".

"Las Madres denuncian que el operativo carece de fundamentos legales y evidencia fines políticos, que no hay motivos de hecho ni de derecho, soslayando toda legalidad y estado de derecho", expresaron en un escrito.

La iniciativa responde al pedido de quiebra de la Fundación, que fue decretado en junio de 2017, a raíz de las deudas económicas con ex empleados. El juez Perillo quiere realizar un inventario de bienes a fin de saldar esas deudas.

Sin embargo, desde Madres argumentan que detrás hay motivaciones políticas en su contra. Y argumentan que en noviembre de 2018, la Sala B de la Cámara Comercial emitió un fallo donde se reconoce a Madres de Plaza de Mayo por "fuera del código de comercio" y que la actividad que desarrollan es de "interés público y social".

Además, aseguran que detrás del pedido de inventario en la sede está la figura del actual ministro de Justicia, Germán Garavano, el supuesto "operador judicial" Daniel Angelici "y su amigo, el juez Javier Buján".

En el comunicado, aseguran que la Cámara Comercial, a través de las firmas de las doctoras Matilde Ballerini y María L. Gómez Alonso, determinó que la fundación "no puede ser evaluada con los mismos parámetros" que una empresa "por distintas razones: Su actividad no implica una actividad comercial per sé; fue realizada aún en circunstancias de gravedad institucional y se fundamenta y es reconocida por la Convención Americana de DD.HH. -Pacto de San José de Costa Rica- a la que adhiere la Nación Argentina".

Fuente: Clarín e Infobae