Un proyecto de ley que propone la creación de un registro de acceso público donde los fabricantes, importadores y distribuidores de productos médicos deberán "blanquear" los bienes o beneficios que entreguen a los médicos será presentado en los próximos días por la diputada del PRO Graciela Ocaña.
La propuesta sostiene que "el objeto es dotar a los pacientes de una herramienta a efectos de contar con la mayor información posible acerca de los posibles conflictos de intereses que podrían afectar decisiones terapéuticas adoptadas por los profesionales de la salud".
En su artículo segundo, el proyecto establece que "los fabricantes, importadores y distribuidores de productos médicos, biológicos y farmacéuticos que entreguen bienes, servicios, beneficios o premios susceptibles de valoración pecuniaria a los médicos deberán informar dicha situación a la autoridad sanitaria Ministerio de Salud de la Nación a efectos de darle la debida publicidad".
En el texto, se define como "bienes, servicios, beneficios o premios" a "pagos en efectivo; pagos por honorarios profesionales; pagos destinados a solventar cualquier actividad de formación profesional; pagos destinados a solventar gastos de viajes; y entrega de valores, pasajes, regalos, hospedajes, gastos de representación; comidas o cualquier otro bien susceptible de valoración económica".
El texto propone la creación de una base de datos donde conste la "identificación de la empresa aportante con indicación de los productos fabricados, importados o distribuidos; "nombre completo del médico receptor o beneficiario", "naturaleza del incentivo, y en su caso, el monto de el o los pagos realizados " y la fecha del pago.
"La información suministrada deberá ser recopilada en forma de base de datos y deberá ser publicada en forma obligatoria para el conocimiento y libre consulta de los ciudadanos tanto en formato digital y gráfico por la autoridad de aplicación", añade.
También se propone que "el recetario médico no deberá incluir ninguna indicación predeterminada que pueda inducir al médico y/o al paciente al uso de determinadas marcas de medicamentos o equipos biotecnológicos médicos".
El proyecto busca combatir una práctica que la diputada define como "habitual": "Las empresas y laboratorios incentivan a los médicos para la utilización de sus productos, aun cuando los sistemas de cobertura de salud que poseen los pacientes contemplan la provisión de insumos de iguales características que cumplen con todos los protocolos clínicos".
Y añade que "en tales casos, se incentiva la colocación o utilización de productos de mayor precio, sin que ello signifique necesariamente de mayor calidad o mejor tratamiento".
Además, recuerda entre sus fundamentos una denuncia que Ocaña había realizado en 2012 sobre "la existencia de un negocio consistente en el pago de sobornos a funcionarios de Aduana, para que ingresen a nuestro país prótesis médicas subvaluadas, y a numerosos médicos y obras sociales, para que receten a sus pacientes la colocación de esas prótesis a cambio del 15 o 20 por ciento del valor del producto".
También se menciona que se "pudo probar la entrega de dinero a través de cheques que se emitían de la cuenta del laboratorio Finadiet SACYFI a las cuentas personales de los médicos", caso en el que la justicia procesó a la totalidad del directorio de la firma y a los médicos de PAMI.
En la Justicia
El juzgado federal de Sebastián Ramos investiga a los médicos del servicio de urología del Hospital Milstein, que depende del PAMI, por recibir dinero de parte del laboratorio Finadiet para que se prescriban medicamentos únicamente de esa firma.
Télam