La Justicia federal comenzó a investigar a Victoria Donda, quien encabeza el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), por el delito de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta debido a que fue denunciada por intentar darle un puesto en su repartición a la empleada doméstica que trabajaba en su casa.

La denuncia contra Donda fue presentada el 29 de diciembre pasado por el abogado Fernando Zarabozo, abogado de Arminda Banda Oxa, la empleada que también le reclama a Donda por no haberla tenido registrada durante la totalidad de la relación laboral.

Por sorteo el caso le tocó al juez Sebastián Casanello, quien subroga el Juzgado Federal 12. El juez le delegó la causa a la fiscalía que está a cargo de Guillermo Marijuán. El fiscal se encuentra de licencia por haberse contagiado covid-19 y en su reemplazo –hasta que termine su aislamiento– actúa Eduardo Taiano.

Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, la fiscalía impulsó el caso, por lo que Donda quedó imputada. Al mismo tiempo la fiscalía pidió las primeras medidas de prueba para avanzar con la investigación.

Cuando se conoció la denuncia Donda, a través de su cuenta oficial de Twitter, hizo un descargo en el que aseguró que los aportes laborales y los pagos salariales de la empleada fueron hechos “en tiempo y forma”. También admitió el ofrecimiento que le hizo a Arminda, de 63 años, boliviana, pero aseguró que fue ella quien quiso renunciar a su trabajo como empleada doméstica. Donda había dicho: “Hace algunos meses, esa persona me manifestó su interés en renunciar a la relación que manteníamos, por razones personales. Fue ante dicha situación que le recomendé la posibilidad de acceder a alguna prestación social que le permitiera tener un ingreso a la vez que realizara alguna contraprestación en su barrio”.

El impulso de la investigación se dio a través de un dictamen al que accedió Infobae donde se explica que la denuncia realizada por Zarabozo señala que “Oxa había sido empleada de la ex Diputada desde el 1° de marzo de 2007, cumpliendo tareas domésticas en el domicilio de aquélla. Que, una vez iniciada la cuarentena dispuesta por el Poder Ejecutivo como consecuencia de la pandemia del Covid-19, Donda pretendió desvincular su relación laboral, intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, a la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado”. En la denuncia se sostiene que Donda registró a la empleada recién en 2014 a pesar de que la relación laboral comenzó en 2007.