El sector oficialista que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió avanzar en el Senado con la aprobación de un ingreso especial y permanente similar a la canasta básica alimentaria, para aquellas personas que se encuentren por debajo de la línea de indigencia.

Se calcula que ese ingreso especial puede ser superior a los 18.000 pesos, equivalente al valor de una canasta alimentaria para un adulto.

La iniciativa fue presentada por la senadora nacional ultracristinista Juliana Di Tullio (Buenos Aires) tres meses atrás y su tratamiento había quedado congelado tras un reciente anuncio del Gobierno de que daría un refuerzo para indigentes con parte de los fondos recaudados por la implementación del denominado dólar soja.

Ahora, cuando se sabe que el Gobierno planea que el aporte será tan sólo por dos meses y lo percibirán sólo quiénes no reciben ningún otro tipo de ayuda, el sector kirchnerista del bloque oficialista decidió desempolvar la iniciativa para que los indigentes tengan un ingreso permanente.

El proyecto será discutido el miércoles próximo en un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda y todas las señales indican que la intención es emitir dictamen. De así hacerlo, el texto quedaría en condiciones para su tratamiento en el recinto de la Cámara Alta en la próxima sesión.

El escenario no podría ser más complejo y volátil para el oficialismo. Además de las quejas públicas del kirchnerismo contra el Gobierno nacional, plasmadas en el discurso de Máximo Kirchner en el acto por el Día de la Lealtad; en Diputados se discute el presupuesto en medio del tironeo por el reparto de fondos, sobre todo de parte de las provincias gobernadas por el peronismo.

En ese sentido, el proyecto que garantizaría un ingreso fijo a quienes se encuentren por debajo de la línea de indigencia tiene un alto costo fiscal reconocido por la propia Di Tullio. El costo para todo el año próximo podría ascender al 0,6% del Producto Bruto Interno (PBI), una cifra superior a los $400.000 millones, según confió Di Tullio hace dos meses cuando mantuvo una reunión en el Senado con organizaciones sociales. En ese encuentro, la senadora dijo que el proyecto había sido pedido por Cristina Kirchner.

La senadora había mantenido conversaciones con el ministro de Economía, Sergio Massa, quien se habría comprometido a reasignar partidas para financiar la ayuda social que impulsa Di Tullio, y a incluir esos fondos en el presupuesto del año próximo. A su vez, el bono para indigentes anunciado por Massa se iba a otorgar en noviembre y diciembre, y no en tres meses como había trascendido. Esperaban oficializarlo en estos días, una vez fijados los últimos detalles. La idea también consistía en un refuerzo por 18 mil pesos.

Dictamen para Barrios Populares

El proyecto que reforma la ley de Barrios Populares, que prorroga por diez años la suspensión de los desalojos, sancionada el miércoles pasado por la Cámara de Diputados, obtuvo ayer dictamen unánime en un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado. La iniciativa promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una
tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Asimismo, propone ampliar el alcance de la norma sancionada en 2018 declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios, prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años como garantía de
implementación de la ley y del derecho a la vivienda, y agilizar