La Justicia Federal de Dolores ordenó ayer a las prestatarias de gas de todo el país que se abstengan de realizar cualquier corte o suspensión del servicio por falta de pago, al dictar una medida cautelar a partir de una presentación realizada por la Asociación Consumidores Argentinos (ACA).

Se trata de un fallo elaborado por el juez federal de Dolores, provincia de Córdoba, Alejo Ramos Padilla, y rige desde ayer y hasta los próximos 90 días en todo el territorio nacional.

Una fuente judicial explicó que el juez ordenó que "todas las prestatarias del servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas a partir del día de la fecha derivado de la falta de pago".

En el fallo, el magistrado sostuvo que la cautelar interina se dictó "debido a que se trata de sectores socialmente vulnerables o se encuentra comprometida la vida digna" presupuestos que a su criterio quedaron acreditados en la presentación.

Además, resolvió que se revisará la medida cautelar una vez que los diferentes organismos del Estado contesten los informes que se les solicitó en la causa.

En la presentación judicial, realizada por los apoderados de Consumidores Argentinos, José Elvis Toto y Gustavo Luis Aballar Stiep, se había solicitado "la inconstitucionalidad y la nulidad de los aumentos de gas por falta de audiencia pública en el valor del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas".

Sin embargo, el magistrado rechazó ese planteo hasta tanto "se dé traslado a las partes intervinientes" para que hagan el descargo correspondiente y ordenó también comunicar la causa al Registro Público de Procesos Colectivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los representantes legales de ACA, además, habían solicitado que sean suspendidos los nuevos cuadros tarifarios impulsados por el Gobierno y que las distribuidoras de gas a nivel nacional retrotraigan los precios en el suministro a los valores previos al 1 de abril del corriente año.

"La medida cautelar es durante 90 días. Hasta que se presente el Poder Ejecutivo y Enargas para tratar la cuestión de fondo. Lo que nosotros cuestionamos es que si el gobierno fija los precios de las tarifas tiene que convocar a audiencia. Y no lo hizo", explicaron desde ACA.

Tras el fallo, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, aseguró que esa decisión "va en línea con lo que le reclamamos a todas las firmas que prestan el servicio en la Provincia".

"Se trata de una decisión que tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad de las familias, sobre todas las que menos tienen, jaqueadas por estas subas irrazonables", expresó Lorenzino. Agregó que el reclamo "tiene que ver con defender a la gente para que pueda desarrollarse dignamente, que se les garanticen los servicios públicos elementales y que las razones estrictamente económicas no condicionen su calidad de vida".