Cambiemos consiguió finalmente ayer emitir dictamen en relación del proyecto para establecer la ‘responsabilidad empresaria‘ para sancionar delitos cometidos contra la administración pública y por cohecho transnacional, en una reunión conjunta de comisiones de la Cámara de Diputados a la que no asistió el Frente para la Victoria-PJ. La legislación, reclamada por los organismos internacionales, sería tratada en el recinto el 28 de junio para luego ser girada al Senado en revisión.
Uno de los puntos centrales es la incorporación de la figura del colaborador eficaz, que es la única variante que se puede incluir previo a esta ley para las empresas que cometieron delitos contra administración pública.
Sobre este punto, el despacho establece que podrá celebrarse un acuerdo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público Fiscal y la empresa que se compromete a aportar ‘información o datos precisos, útiles, completos y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito‘.
El acuerdo podrá prever el saneamiento de los actos viciados por los hechos reconocidos y la extinción de acciones sancionatorias y administrativas previa intervención vinculante de la Procuración del Tesoro de la Nación o autoridad equivalente en otros poderes o en las jurisdicciones locales, que deberá pronunciarse en relación al interés público comprometido.
El dictamen, que impulsa el oficialismo, introduce cambios al proyecto del Ejecutivo en las multas previstas, dado que disminuye el mínimo al 0,5% en lugar del 1%, fijado inicialmente, y mantiene el máximo del 20%.
En este sentido, establece que el cálculo se hará sobre los ingresos brutos anuales de la empresa que hubiera cometido el delito.
Para el caso de las personas jurídicas que se hayan constituido en el plazo de 12 meses anteriores a la comisión del delito, o no hayan declarado ingresos en el último ejercicio anterior a la comisión del delito, el proyecto prevé multas de entre el 0,5 y el 20% de los ingresos brutos promedio registrados al momento de la comisión del delito. Además fija que la recaudación de las multas se destinará a la inversión en infraestructura y equipamiento en materia educativa y de salud.
En cuanto a la suspensión total o parcial de actividades, no podrá superar los diez años; lo mismo sucede en caso de suspender la marca o patente donde se establece que la prohibición de operar no podrá superar la década. Si una empresa es condenada por este tipo de delitos, se le podrán sacar hasta por el lapso de diez años los subsidios estatales, así como prohibirle la participación en licitaciones públicas del Estado.