El gobernador Rodolfo Suárez confirmó ayer oficialmente la precandidatura de Alfredo Cornejo a la gobernación por el Frente Cambia Mendoza. A través de Twitter, el mandatario provincial dijo que "tiene que ser el gobernador que me suceda".

"Lo he propuesto al equipo puertas adentro, confiado del amplio consenso que su figura genera y, también, lo he propuesto públicamente porque sé del afecto que le brindan las mendocinas y los mendocinos", afirmó en una seguidilla de tuits.

Cornejo y Suárez son radicales. Cornejo, el actual senador radical, se inclinaba por volver a la provincia cuyana, a pesar de que su primera intención era ser candidato a vicepresidente en una fórmula con Patricia Bullrich para representar a Juntos por el Cambio. La exministra quería una fórmula con un radical duro, pero ahora tendrá que buscar otro rumbo.

La jugada de Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno porteño) de empujar la candidatura a gobernador de Omar de Marchi (Pro), por dentro o por fuera de Juntos por el Cambio (JxC), obligó a Cornejo a volver a Mendoza para no perder la provincia.

Sin el expresidente Mauricio Macri, la Mesa Nacional de JxC deliberó ayer tarde sobre la estrategia electoral durante un encuentro en el barrio porteño de Palermo. Uno de los ejes centrales del encuentro fue la tensión que hay por las candidaturas en algunas provincias. Al respecto, se resolvió armar una mesa política para "abordar la situación de las provincias con elecciones desdobladas". En ese punto, la interna en Mendoza fue el tema político que más tiempo insumió.

Al comienzo de la reunión, la Mesa le destinó casi toda la primera hora para deliberar sobre la situación económica y la economía que se viene a partir del 10 de diciembre próximo. En ese contexto, los economistas de referencia de las principales fundaciones de cada partido brindaron detalles sobre el programa económico conjunto en el que trabajan hace meses. En ese eje expusieron Hernán Lacunza (por Zoom) y Luciano Laspina (PRO). También se trató el pedido de juicio político que el Gobierno impulsa contra los jueces de la Corte Suprema.